Los Ángeles.

Un juez federal prohibió este martes al gobierno de Estados Unidos suspender el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación y otorga permisos temporales de trabajo a unos 700 mil jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad, conocidos como dreamers.

Poco después, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que los inmigrantes que se encuentran en centros de detención no tienen derecho a audiencias judiciales periódicas en las que se pueda evaluar su posible libertad bajo fianza.

El juez federal de distrito Philip Gutierrez amplió un interdicto preliminar que emitió anteriormente en una demanda que alega que el gobierno de Donald Trump está sacando a los jóvenes del DACA sin darles oportunidad de defenderse.

Ese programa implementado por el ex presidente Barack Obama permite a los dreamers vivir y trabajar en Estados Unidos bajo ciertas condiciones, a menos que cometan delitos graves.

En su demanda, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) alega que, en muchos casos, el gobierno puso fin injustamente al DACA, pese a que muchos jóvenes nunca fueron declarados culpables de ningún delito grave. Esos dreamers perdieron sus permisos para laborar y ahora enfrentan procesos de deportación.

Los abogados de la ACLU dijeron que cuando menos 22 personas han sido suspendidas del DACA y cientos más podrían verse afectadas.

El fallo fue emitido después de que la Suprema Corte rechazó la apelación del gobierno de Trump a la orden de un tribunal que indica que se deben seguir aceptando las solicitudes de renovación para el DACA mientras continúen las impugnaciones legales en torno al destino del programa.

En tanto, una decisión del máximo tribunal adoptada por cinco votos en favor y tres en contra, revirtió un fallo de 2015 que daba a los inmigrantes el derecho a pedir su libertad bajo fianza en una audiencia judicial cada seis meses. Un derecho constitucional que tienen los ciudadanos estadunidenses.

La decisión no sólo niega este derecho a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, sino también a los que se encuentran legalmente en el país.

El fallo es un golpe para las organizaciones civiles que defienden los derechos de los inmigrantes y adquiere relevancia porque ocurre durante la mano dura de Trump contra la inmigración.