El líder del PAN, Damián Zepeda, advirtió que no se vale intimidar, amenazar y golpear a los opositores a través de un instrumento de justicia como la Procuraduría General de la República (PGR), y que no sorprende que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se sume a la campaña de desprestigio hacia el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.

Sostuvo que la PGR es el brazo político del PRI, ante el comunicado que la dependencia emitió el domingo acerca de que Anaya Cortés se negó a dar una declaración ministerial cuando llevó un escrito en el que pidió se defina si cometió algún delito en la transacción de un terreno de Querétaro, el cual presuntamente se vendió en una triangulación de recursos con empresas fachada.

El líder del blanquiazul aclaró que hace una denuncia pública para que se deje de utilizar a la PGR, y que con la celeridad con la que mandan documentos digan que no hay delito de parte de Anaya Cortés.

En conferencia de prensa, acompañado de dirigentes de los otros dos partidos que junto con el PAN integran la coalición Por México al Frente –PRD y Movimiento Ciudadano–, así como de legisladores del blanquiazul, dijo que se evalúa acudir a instancias internacionales.

Luego de que el SAT incluyó ayer a la firma Manhattan Master Plan Development en el listado de empresas fantasma, el líder panista pidió que nos digan dónde está involucrado Anaya, él vendió la nave industrial, todo está legal.

A propósito de la compraventa del terreno, Ricardo Anaya en un video explicó el proceso de la transacción. Apoyado con un pizarrón detalló que compró un terreno en mayo de 2014 al parque industrial donde se encuentra ubicado, no a una persona física. El dinero para la adquisición lo obtuvo de tres fuentes: la hipoteca de su casa con Banamex, la contratación de un crédito para el terreno y de ahorros de la empresa.

Sobre el precio de la compra del terreno precisó que fue al valor de mercado, 67 dólares el metro cuadrado. Apuntó que durante dos años se construyó una nave industrial, que fue terminada en mayo de 2016, con una superficie de 7 mil metros cuadrados. Rechazó que el precio de venta de 54 millones de pesos estuviera inflado, y ejemplificó con anuncios en Internet, que hay bodegas en venta de la mitad del tamaño que se venden en 35 millones de pesos.

Refirió que lo que más se le ha cuestionado es a quién vendió. Puntualizó que fue a la firma Manhattan Master Plan Development –incluida ayer por el SAT en el listado de empresas fantasma–, de Juan Carlos Reyes, que le pagó con tres transferencias bancarias de una cuenta del Banco del Bajío. Sobre la fuente de ingresos de esa empresa dijo desconocerla y precisó que en la cláusula 20 de la escritura se precisa que los recursos tienen un origen lícito, lo cual deja a salvo a la parte vendedora de cualquier infracción.

Añadió que con los recursos de la venta pagó la deuda del terreno e impuestos, y adquirió otro predio en el mismo parque industrial.