onzalo Bravo, director adjunto de asuntos públicos del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), que aportará 100 de los casi 500 millones de dólares que costará la desaladora de Rosarito, estuvo el pasado viernes en Tijuana. La institución financiera se fondea con recursos de los gobiernos de México y Estados Unidos y financia proyectos de infraestructura relacionados con manejo de aguas residuales, energía y medio ambiente.

Al principio se negó a hablar del proyecto de Rosarito porque, dijo, aún está sujeto a dictamen, pero anunció que una vez que éste se emita los bajacalifornianos tendrán 30 días para expresar sus opiniones en una especie de consulta pública. Bravo insistió en que el agua será sólo para Baja California. Lo que no dijo es cuándo se dará a conocer el dictamen ni cómo harán llegar los ciudadanos sus opiniones.

La planta ha generado gran polémica en Baja California porque los consumidores de los municipios de Tijuana y Rosarito tendrán que asumir el costo de desalar el agua. Actualmente la reciben del Río Colorado, producto de acuerdos del siglo pasado. No está claro quién se quedará con el agua que ahora recibe la costa de la entidad una vez que funcione la desaladora. Además, el estado habrá adquirido compromisos de pago por unos 82 mil millones de pesos para los próximos 37 años y la mayoría panista del Congreso tuvo que hacer malabares para aprobar el respaldo a ese compromiso económico.

El llamado banco verde –fusión de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte, instituciones binacionales creadas en 1993 por ambos gobiernos dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte– va a tener que socializar un proyecto que ha sido conocido por los bajacalifornianos prácticamente como hecho consumado. Los términos de los acuerdos y licitaciones han sido celosamente guardados por el gobierno estatal.

Concebida también para vender agua a California, los alcances de la planta son una incógnita para los ciudadanos, que han tenido que enterarse por otras instituciones de las pretensiones de su gobierno. A la cónsul en San Diego, Marcela Celorio, estuvo a punto de costarle la cabeza un tuit en el que festejó la aprobación en el Congreso de Baja California de las garantías económicas para las instituciones crediticias de la asociación pública-privada que instalará la planta y venderá el agua al sistema municipal para que la distribuya. Nos necesitamos, dijo en referencia a que se vendería agua a California, cuando el gobierno del estado estaba intentando negar por todos lados que eso fuera a ocurrir. A saber.