i la preparación para el saqueo violento del petróleo y otras riquezas minero-energéticas, acuíferas y biodiversas de Venezuela fue uno de los principales objetivos encubiertos de la gira de Rex Tillerson por varios países de América Latina, el otro fue continuar con la militarización del subcontinente bajo la fachada de la guerra a las drogas y al terrorismo y las políticas clandestinas de cambio de régimen.

La máquina de guerra estadunidense ( American War Machine, como la llama Peter Dale Scott) responde al Estado profundo, es decir, a un gobierno paralelo secreto organizado por los aparatos militar, policial y de inteligencia, financiado por la economía criminal e integrado al sistema financiero y bancario de Wall Street, que se encarga de formular e instrumentar la política exterior de la Casa Blanca y operaciones abiertas o secretas en beneficio de gigantes del sector petrolero, como Exxon Mobil y Chevron. No en balde, el gabinete de Donald Trump está en manos de una troika de generales: James Mattis (Defensa), H. R. McMaster (consejero de Seguridad Nacional) y John Kelly (jefe de gabinete).

Desde la época de John F. Kennedy, y más profusamente a partir de la administración Clinton, funcionarios militares y de inteligencia de alto rango se han convertido en socios de corporaciones empresariales, y mediante el lucrativo negocio de la guerra ayudaron a extender el sistema de mercado y a abrir nuevas fronteras económicas a grandes fabricantes de armas y venta de seguridad y tecnología, como Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, L-3 Communications, United Technologies y Booz Allen Hamilton Inc.

El problema de esas corporaciones es que necesitan alimentarse cada día de nuevas guerras; por eso hay que inventarlas. Y es por eso, también, que todas las guerras se basan en el engaño y la manipulación de las masas −como las inexistentes armas químicas de destrucción masiva de Saddam Hussein en Irak− y/o en disimulaciones sistemáticas por conducto de los medios de di­fusión masiva y los archivos internos del gobierno de Estados Unidos (EU).

En la coyuntura existe un nuevo factor: la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, anunciada el 18 de diciembre de 2017, coloca los combustibles fósiles (petróleo, gas, hulla) como el elemento decisivo esencial para asegurar la vitalidad económica de EU, su fuerza militar y su peso geopolítico. La militarización de la política energética será el eje de la política de seguridad nacional de Trump, no sólo para obtener la independencia energética, sino para enfrentar a las potencias rivales (China y Rusia) que desafían la supremacía de EU y lograr la total dominación energética.

A esa dinámica responden los resultados de la gira de Tillerson por la región. En la variable apertura de mercados, los logros más visibles se dieron en Argentina, donde el gobierno de Macri anunció la creación de una fuerza de despliegue rápido integrada por las fuerzas armadas para combatir el terrorismo y el narcotráfico (el regreso de los militares a funciones de seguridad interior) bajo la asesoría del Comando Sur, y la instalación de una fuerza de tarea ( task force) de la DEA en Misiones, que podría configurar una base militar encubierta en un sitio estratégico: la triple frontera con Paraguay y Brasil, en cuyo subsuelo se encuentra el acuífero del Guaraní, el segundo reservorio de agua dulce del mundo. A ello se sumaría, en breve, la creación de centros de fusión de inteligencia entre las fuerzas armadas y de seguridad argentinas con la DEA, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y el Comando Sur, como los que ya existen en Colombia y México.

Antes de la gira de Tillerson se había anunciado la compra de un sofisticado paquete de misiles y torpedos de fabricación estadunidense por la Marina mexicana, por 98.4 millones de dólares. También se informó sobre la construcción de un cuartel militar en Chicomuselo, Chiapas, en zona de presencia del EZLN, para cuidar la seguridad de la frontera sur, y la ampliación de la base naval de Matamoros, en Tamaulipas. En enero pasado la Marina mexicana participó en Miami en la Reunión Multinacional de Seguridad Marítima, donde firmó una carta de intención para la protección conjunta con las armadas de Colombia y EU de las aguas del Golfo de México y parte de Centroamérica y el Caribe.

En la segunda variable: preparativos para una intervención militar directa o encubierta en el marco de las políticas de cambio de régimen de la administración Trump en Cuba y Venezuela, los avances son notorios. En particular, en cuanto al cerco militar a Venezuela. El Pentágono ha logrado la instalación de nuevos enclaves militares y movilización de tropas y mercenarios en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela, en particular en la región de Tumaco, Cúcuta y el Catatumbo del Norte de Santander, que en una operación pinza se suman a las fuerzas de despliegue rápido estadunidenses acantonadas en Aruba, Curazao y Honduras. La política de cerco militar se complementa con ejercicios de asistencia humanitaria en Panamá y la reciente participación de Brasil y Perú en la Operación América Unida bajo el mando del Pentágono. Por vía paralela, el propio Tillerson alentó una eventual disidencia en el seno de las fuerzas armadas venezolanas, que culmine con un golpe de Estado militar contra el presidente Nicolás Maduro.

En ese contexto, los intereses de las industrias armamentista y petrolera de EU se fusionan con los del poder clandestino paralelo a la Casa Blanca −ese Estado profundo donde interactúan el Pentágono, la CIA, la NSA y empresas privadas como Booz Allen− y acercan la posibilidad de un desenlace tipo Irak, Li­bia o Siria en Venezuela. Si Donald Rumsfeld y Dick Cheney fueron los planificadores de ese círculo secreto durante la administración Bush y llevaron a la guerra en Irak, los generales Mattis, H. R. McMaster y John Kelly podrían ser los responsables de convertir en un nuevo Vietnam el corazón de América del Sur.