o es una buena noticia para José Antonio Meade que se haya cancelado (o pospuesto) el encuentro de Donald Trump y Enrique Peña Nieto, considerado para realizarse en la Casa Blanca en las próximas semanas, justamente antes de las elecciones que desde ahora tan difíciles se presentan para el Partido Revolucionario Institucional.

Según The Washington Post, Trump habría perdido los estribos durante una conversación telefónica con Peña, a causa de que éste habría reiterado su postura de no aceptar que México pagará por la construcción de un muro fronterizo. Peña no habría querido exponerse, en su primera visita oficial a Washington bajo la presidencia de Trump, a un episodio vergonzoso en que el rubio chivo en cristalería imperial pretendiera imponer públicamente su criterio de que México debe cubrir el costo de esa edificación. Esa negativa peñista habría llevado a Trump a ser irascible.

Con este intercambio telefónico no tan rápido (habrían hablado unos 50 minutos, el martes de la semana recién pasada) pero sí furioso, y la consecuente cancelación o posposición de la reunión cumbre entre los representantes institucionales de México y Estados Unidos, quedan maltrechas las gestiones y entendimientos que largamente han sostenido Luis Videgaray Caso, el secretario mexicano de relaciones exteriores, y Jared Kushner, el yerno de Trump y virtual comisionado de éste para los asuntos mexicanos.

El desenlace político y diplomático tiene consecuencias prácticas en el terreno de las elecciones mexicanas porque, hasta ahora, Videgaray Caso sigue siendo el virtual jefe intelectual del proyecto de continuidad que tiene como candidato presidencial a José Antonio Meade. En el proyecto de reposicionamiento a marchas forzadas que se pretende hacer de esa candidatura tecnopriísta, habría tenido un efecto importante el colocar el peso de la presidencia imperial vecina, en aparente acuerdo a favor de esa continuidad Peña-Meade, con Videgaray como garante y operador.

El manejo circunstancial de ciertos temas, como los derivados del rediseño del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (para dar a los gestores gubernamentales mexicanos alguna apariencia de triunfo, aunque fuera efímera o luego replegable), y alguna palmada con sentido propagandístico al propio Peña y su equipo, podrían sugerir que el siempre influenciador peso de la Casa Blanca estaría por cerrar filas en favor de la opción del cuasipriísmo ciudadano, tecnocrático y moderno de Meade.

Por sí misma, la postura de Peña es positiva, al negarse a aceptar la presión y acaso los previsibles desfiguros de Trump, quien está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de no dejarse ver como descalabrado en su promesa electoral de hacer que México pague el famoso muro de las discordias. La decisión de Los Pinos también tiene un cálculo electoral: si Peña se permitiese un nuevo ridículo en el escenario binacional, o si fuese forzado a aceptar eventuales desplantes triunfales de Trump, ello añadiría descrédito y vergüenza al equipo encabezado por el mexiquense, y eso sería transferido en términos electorales al abanderado Meade. Gravísimo habría sido para éste que sus superiores políticos, Peña y Videgaray, apechugaran con un numerito más de Trump contra el interés nacional. Ah, pero nada asegura que la pretendida reunión cumbre no llegue a realizarse antes de las elecciones mexicanas (los intereses en juego están por encima de veleidades personales y caprichos en rubio). En todo caso, las partes tendrán que afinar con máximo cuidado las piezas, para evitar sorpresas y terminar mal paradas.

El candidato presidencial panista (al que apoyan PRD y MC), Ricardo Anaya Cortés, se situó ayer afuera de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar un escrito en el que demanda que las autoridades le digan si hay investigaciones formales que supongan que él cometió un delito en el caso, tan difundido mediáticamente, de la compraventa de una nave industrial en Querétaro y otras maniobras financieras que luego reportaron decenas de millones de pesos como ganancia.

Anaya Cortés fue acompañado del presidente del PAN, Damián Zepeda (quien creció políticamente al amparo de Guillermo Padrés, el ex gobernador de Sonora que fue acusado de desviación de recursos públicos y enriquecimiento ilícito), del asesor Santiago Creel (cuyo paso por la Secretaría de Gobernación, durante el foxismo, terminó con una generosa asignación de concesiones para casinos y juegos de azar) y de Diego Fernández de Cevallos, el abogado y político que simboliza el tráfico de influencias y el control de parte del aparato judicial ante el que litiga. Luisa María Calderón, entonces senadora, dijo en agosto de 2003: imagínense, si lo hace con nosotros, los legisladores, como no lo va a hacer con un juez, o si un juez no teme que lo puede chantajear, imagínense un juez que está buscando que su carrera en el Poder Judicial tenga futuro (https://goo.gl/UrsQRF ). Además de esos singulares acompañantes, Anaya tuvo el apoyo de grupos panistas.

Aún cuando la queja del candidato presidencial se centró en el manejo mediático y político de un expediente judicial del que se dice ajeno en términos de culpabilidad, la PGR, es decir, Los Pinos, le recetó de inmediato una dosis similar, pues varios encabezados periodísticos destacaron que él se había negado a declarar, ante las insistentes invitaciones de las autoridades.

No tendría Anaya por qué aceptar esas invitaciones (él dice que sólo fue una, hecha por un funcionario menor de la PGR), pues justamente lo que busca dejar claro es que no tiene ningún involucramiento delictivo en el tema, ni tendría la PGR po qué destacar ese rechazo, salvo que se busque incentivar la imagen de enredo y contradicciones de quien ayer cumplió 39 años de edad. Pero en la guerra por el segundo lugar en el tablero electoral, y con un cliente tan enredado en operaciones inmobiliarias y prosperidad económica, Los Pinos considera que todo se vale. ¡Hasta mañana!

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