Los pueblos de la Cuenca de México, referida al sur de la hoy llamada Ciudad de México (CDMX), enfrentan poderosas presiones externas que los dividen y causan desasosiego colectivo, tanto por pretensiones autoritarias para militarizar sus territorios como por intereses inmobiliarios, carreteros, de explotación de recursos (destacadamente hídricos) o cálculos electorales.

Así, en años recientes se han sucedido conflictos intercomunitarios por asambleas apócrifas o fallidas, presiones externas para la venta o enajenación de territorios comunales o ejidales, invasiones constantes de terrenos que inexorablemente se urbanizan a la mala y fragmentan a la población que detenta los derechos territoriales. En estos escenarios, los pasos del delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en la capital del país, René Francisco Bolio Halloran, revelan un conspicuo modus operandi que en más de una ocasión ha sido causa de situaciones violentas entre vecinos.

Son muchas las huellas de quien se autodefine en su perfil profesional como “ombudsman de los sujetos agrarios (campesinos, ejidatarios, comuneros, jornaleros) en el Distrito Federal”. Para las representaciones legítimas de diversos pueblos de la demarcación, nahuas todos ellos, la actuación de la PA y otras instancias agrarias, ambientales y territoriales en ocasiones es lesiva.

Los pasos de Bolio Halloran, delegado desde 2013, pueden seguirse en San Mateo Tlaltenango (Cuajimalpa), San Nicolás Totolapan (Magdalena Contreras), San Miguel y Santo Tomás Ajusco (Tlalpan), San Salvador Cuauhtenco (Milpa Alta), San Juan Ixtayopan y San Francisco Tlaltenco (Tláhuac), y últimamente San Mateo Xalpa y San Francisco Tlalnepantla (Xochimilco).

Manipulación de anomalías

La PA tiene atribuciones para intervenir en comunidades donde los terrenos no están titulados. Xalpa se encuentra a punto de obtener la titulación por parte del tribunal agrario. En lo que los comuneros ven como una intromisión infundada, Bolio Hallo-ran convocó a dos asambleas el 27 de septiembre y el 9 de octubre de 2017 para elegir representan-tes de bienes comunales. Lo hizo de manera unilateral e ilegal, aun cuando no existe una resolución de titulación y confirmación de bienes comunales, por lo que la representación de Xalpa recae en Francisco García Flores, electo en 2012, explica a La Jornada el mismo García Flores.

Según la Ley Federal de la Reforma Agraria, deberá continuar en el cargo hasta que los bienes comunales se titulen. La PA pretende manipular anomalías en el padrón, nombres erróneos, ausentes o fallecidos. Finalmente, él fue refrendado el 15 de diciembre por el octavo Tribunal Unitario Agrario.

Otra comunidad de Xochimilco donde los representantes niegan que la PA tenga atribuciones para convocar a la elección de cargos (y al hacerlo confronta a la población) es Tlalnepantla (La Jornada, 14/1/2018). Ante la negativa de los comuneros a ceder 300 hectáreas de bosque para la construcción de un cuartel de la Secretaría de Marina (Semar), el funcionario ha intentado suplantar por incondicionales suyos a los comisariados legítimos, falsificar padrones y convocar asambleas espurias para obtener la donación. La última asamblea, fallida, la convocó dentro de la base de Semar en Cuemanco, el pasado 10 de diciembre.

Rosario de conflictos y omisiones

En San Miguel Ajusco, el 25 mayo 2015 hubo golpes entre comuneros durante otra asamblea convocada por Bolio para destituir a Miguel Ángel Eslava y Mario Rodríguez Osnaya, presidente y secretario de bienes comunales. Según reportó este diario (nota de Matilde Pérez), la convocatoria no cubrió los requisitos legales ni el delegado de la PA respondió a la petición de las autoridades comunales de exhibir el documento en el que una mayoría de comuneros estarían demandando la destitución de sus autoridades. La convocatoria sólo respondía a la petición de un pequeño grupo que aseguraba a los comuneros que recibirían 2.5 millones de pesos cada uno por la venta a particulares de 480 hectáreas de un área de reserva natural. Desde hace años, la PA y el Registro Agrario Nacional presionan a los comuneros para que vendan un paraje.

Injerencia, pan de todos los días

El 10 de enero de 2016, de forma ilegal y provocadora, manifestaron en una carta los comuneros, el delegado de la PA intentó destituir a la representación de San Miguel y Santo Tomás Ajusco mediante una asamblea ¡en las lejanas instalaciones del Congreso del Trabajo! Esta intervención directa del gobierno en la comunidad es pan de todos los días en las comunidades indígenas y agrarias de la CDMX, concluían.

En una queja ante la PA, el 23 de diciembre de 2014, los ejidatarios de San Nicolás Totolapan (Magdalena Contreras), muy molestos con el delegado, interpelaron a la dependencia. Responsabilizaban al funcionario de la posible violencia. Advertían: Nosotros cumplimos en regla y legalidad con todas las trabas que nos condicionó, ¡y se vendió cinicamente! Estamos muy molestos y queremos legalidad y transparencia. (Ustedes) dicen querer un país sin violencia y corrupción, y son los principales en promoverla.

En San Francisco Tlaltenco (Tláhuac), con el advenimiento de la Línea 12 del Metro, el gobierno capitalino colocó a personas leales a sus intereses en el trazo de la ruta a expropiar, con parcelamiento legal y con dueños en posesión de sus parcelas históricas para la construcción de la obra. Se sucedieron abusos, pagos a quien no detentaba la propiedad y una infinidad de anomalías que a la fecha no están resueltas. El 11 de noviembre de 2016 se intentó elegir una nueva representación ejidal pero, al haber sido una gestión anómala, no acudió la población. La representación anterior, alineada con el gobierno, concluiría el 21 de noviembre de ese año. El 4 de diciembre, ésta intentó imponer sucesores, algo que ni la PA pudo validar. El 31 de enero de 2017 los ejidatarios solicitaron a la PA su intervención para elegir una nueva representación. La PA “ha dado largas mientras la falsa ‘nueva’ representación y el anterior comisario continúan creando desorden e impulsando la codiciada venta del ejido”.