De los casi 1.7 millones de jornaleros que hay en el país, 80 por ciento gana entre 88 y 166 pesos diarios, por lo cual se firmó un acuerdo nacional en favor de estos trabajadores, con la finalidad de proteger sus derechos laborales y evitar que sigan supeditados a los enganchadores que los llevan de un estado a otro en condiciones inhumanas y hasta les cobran el traslado.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Protección Social, Roberto Campa Cifrián, señaló lo anterior en la firma del Acuerdo de ejecución de movilidad interna, que contempla la implementación de políticas y programas para mejorar la protección de los derechos de los campesinos, incentivar la inspección laboral en este sector y evitar que menores de edad trabajen y vayan a la escuela.

En el contexto de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra) 2018, dicho acuerdo fue firmado por el titular de la dependencia y los encargados de la política laboral en todos los estados de la República, así como representantes de los estados expulsores de jornaleros y las entidades receptoras.

Campa Cifrián planteó que el referido acuerdo es una herramienta útil para el mejoramiento de la situación laboral de este sector, la dignificación del empleo mediante acciones de movilidad interna que les garanticen el respeto a sus derechos humanos, incluidos salud e integridad física en los campos.

El funcionario explicó que, por ejemplo, en los estados expulsores de trabajadores operan enganchadores, que los trasladan a otras regiones, pero muchas veces esto se lleva a cabo en condiciones inhumanas y hasta les cobran el traslado y por conseguirles quién los contrate.

Por ello se levantará un censo de los jornaleros que migran regularmente y de qué estados son, para establecer un mecanismo parecido al programa de Trabajadores Agrícolas México-Canadá, en el que se garanticen sus derechos humanos y laborales, según dijo.

En esta conferencia también se abordó el tema de la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, que será la nueva instancia conciliadora contemplada en las leyes secundarias de la reforma en materia de justicia laboral y se realizará un taller de implementación de los Centros Estatales de Conciliación.