La situación de los derechos humanos en México empeora año con año. El país vive una grave crisis en la materia y los únicos actores que se niegan a reconocerlo son los representantes de las instituciones del Estado mexicano.

Así se informó durante la presentación en México del informe anual de Amnistía Internacional (AI) publicado ayer por La Jornada y que concluye que en 2017 la violencia extrema aumentó en todo el país, persistieron innumerables violaciones a los derechos humanos y la impunidad fue la constante.

Durante el acto, el ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ex relator para México de ese organismo, James Cavallaro, fustigó que lejos de resolver la terrible situación de las garantías fundamentales que hay en el país, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dedicado una millonaria suma a la propaganda para impulsar su imagen.

Enfatizó que organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, otros relatores de la ONU, la propia CIDH, agrupaciones civiles nacionales y externas como AI, entre otras, han documentado y coinciden en que en México la crisis en materia de derechos fundamentales es real y preocupante.

Es una evaluación compartida por muchos, por todas y todos, menos por el Estado mexicano, que no ha aceptado la gravedad de la crisis. Contrario a ello (el gobierno federal) ha gastado 2 mil millones de dólares en publicidad en lugar de responder a esta grave crisis. Ha buscado maquillar, promover su imagen y no mostrar un compromiso con los derechos humanos.

Cavallaro, actualmente académico de la Universidad de Stanford, recordó que en 2016 la CIDH presentó un informe en el que manifestaba y documentaba su preocupación por la grave situación que enfrentaba el país. Y contrario a aceptarlo y reconocerlo, agregó, funcionarios federales, entre ellos el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo negaron y desestimaron la invetsigación. Hoy, dos años después, la situación ha empeorado, como lo muestra el informe.

El balance de AI documenta que el año pasado fue el más violento en tiempos recientes, con más de 46 mil homicidios, la cifra de desaparecidos supera los 34 mil (según números oficiales), los casos de tortura son miles y sólo hay 10 condenas por ese delito, además que hay cientos de miles de personas desplazadas por la violencia.

Frente a esta grave crisis, las organizaciones de la sociedad civil y los activistas estamos dispuestos a colaborar, pero el primer paso es el reconocimiento honesto del Estado mexicano de la grave crisis en la materia, y partir de esta realidad para diseñar políticas congruentes (...) Sin embargo, el Estado usa retórica, insiste en la imagen y no en la realidad; así no vamos a avanzar, y el año que viene será peor que el presentado en este informe, subrayó el ex presidente de la CIDH.