Por haber subcontratado a empresas privadas que cometieron diversas irregularidades, entre ellas no realizar adecuadamente el trabajo que se les encomendó, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) sería responsable de provocar un quebranto de más de 28 millones de pesos, los cuales le había otorgado a su vez la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Determinó lo anterior la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2016, donde advirtió que este es uno más de los casos donde se comprueba la participación de instituciones educativas en esquemas de desvío o malversación de fondos.

En la revisión identificada con la clave 259-DS, la ASF indicó que en un contrato otorgado el 16 de mayo del año pasado, la Sedesol encomendó a la UAZ la integración de datos de los programas sociales estatales al Sistema de Información Social Integral.

Para llevar a cabo dicha labor, el centro de estudios subcontrató tres firmas particulares –cuyas razones sociales no se mencionan en el informe–, las cuales incurrieron en diversas irregularidades, pese a haber realizado la labor solicitada en tiempo y forma.

Un ejemplo de ello, puntualizó la Auditoría, fue que la UAZ pagó 6 mil 600 pesos a una compañía subcontratada por un trabajo que la propia universidad ya había realizado con anterioridad, lo que dicho centro de estudios justificó con el argumento de entregar a tiempo lo acordado con la Sedesol.

Viajes injustificado por 48 mil pesos

Por otra parte, una de las firmas subcontratadas indicó haber gastado casi 48 mil pesos por un viaje al extranjero que no formaba parte del contrato original, sin haber mostrado pruebas de que participó en las actividades que reportó y pasando por alto que la asistencia correspondía directamente a la Sedesol.

De igual forma, la ASF reveló que las empresas no pudieron establecer las condiciones de entrega de los informes de avances y de conclusión de los trabajos contratados.

Luego de hacer un balance de todas las irregularidades, la instancia revisora descubrió un probable daño a la hacienda pública federal por 6 millones 623 mil pesos, luego de que la UAZ realizara pagos improcedentes a una de las compañías mencionadas por trabajos que la misma universidad ya había realizado.

En otro pliego de observaciones, afirmó que hay indicios de otro daño patrimonial por 21 millones 750 mil pesos, como consecuencia de que la universidad zacatecana no acreditó que las actividades de 108 prestadores de servicios realmente sirvieron para el trabajo planteado.

Asimismo, presumió daños por 28 mil 973 pesos causados por la institución educativa, como consecuencia de no haber formalizado un contrato con un prestador de servicios profesionales en el cual se estableciera claramente cuál era la justificación de su pago.

De acuerdo con la ASF, este tipo de operaciones son comunes, al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permite hacer contrataciones directas entre sí, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos que, con frecuencia, no son respetados.