icardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la presunta triangulación de sumas millonarias en varios países para simular la compraventa de una nave industrial en Querétaro, lo que se traduciría en un beneficio indebido para una empresa del propio Anaya. Así lo informó el martes pasado el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, representante de dos personas que habrían urdido el entramado por los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar, e islas Turcas y Caicos, y que hoy, según el litigante, sufren amenazas en las que podría estar involucrado el aspirante panista. A decir del litigante, “el propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a la empresa Juniserra –propiedad de Anaya y de su suegro, Donino Ángel Martínez Diez–, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble” para hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa.

Ayer la PGR confirmó que realiza una investigación sobre el caso, que tiene abierto un expediente por operaciones con recursos de procedencia ilícita y que en el contexto de esa pesquisa el agente del Ministerio Público de la Federación ha realizado diversas diligencias, como cateos y solicitud de alertas migratorias, así como tomas de declaración de varias personas en la modalidad del Sistema Penal Acusatorio.

Anaya, por su parte, acusó al Partido Revolucionario Institucional y al equipo de su rival priísta, José Antonio Meade, de estar detrás de la denuncia, aseguró que el PRI pretende crear con esa acusación una cortina de humo para atraer la atención de los desvíos millonarios de recursos en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) revelados recientemente por la Auditoría Superior de la Federación, y señaló al candidato presidencial del tricolor –quien se desempeñó como titular de la Sedesol y de la Secretaría de Hacienda– de ser cómplice de esos desvíos.

Como no podía ser de otra manera en tiempos de proceso electoral –así sea en el interregno establecido por la ley–, ambos casos derivaron rápidamente a las acusaciones cruzadas entre las dos coaliciones que, según las encuestas, se disputan el segundo lugar en las encuestas.

Es indudable que ambos asuntos –la triangulación de recursos atribuida a Anaya y el desfalco perpetrado en la Sedesol y en la Sedatu– contaminan y distorsionan el panorama político y gravitarán en las campañas formales por la Presidencia que iniciarán el mes entrante. En tal circunstancia, resulta obligado, no sólo por el cumplimiento del marco legal sino también en aras de descontaminar la confrontación cívica en curso, de por sí ríspida; que la PGR abandone la opacidad y la parsimonia que la caracterizan y actúe con rapidez, confiabilidad y transparencia a fin de esclarecer de manera pslena y convincente ambos asuntos. Tanto si Anaya está involucrado en los manejos ilícitos de dinero como si es víctima de imputaciones falsas fraguadas por el aparato priísta, como sostiene, el episodio debe despejarse, y otro tanto ocurre con las irregularidades detectadas en los recursos que manejaron las dos secretarías referidas. El electorado tiene derecho a acudir con certeza a las urnas en julio próximo, sin dudas ni sospechas sobre la conducta de los aspirantes.