Moscú.

El acoso policial contra el líder opositor Aleksei Navalny –impedido de participar en las elecciones presidenciales del 18 de marzo siguiente– adquiere por momentos rasgos surrealistas, pero en realidad forma parte de un plan diseñado por el Kremlin para impedir que el principal adversario del presidente Vladimir Putin pueda encabezar las protestas que sus seguidores piensan llevar a cabo el día de la votación y durante la semana posterior.

Sólo así se entiende la detención de Navalny este jueves, sin motivo aparente, al salir del consultorio de su dentista. Después de ser llevado a una delegación de policía, donde se le entregó el acta de acusación por violación reiterada de la ley sobre organización de manifestaciones en la vía pública, quedó en libertad.

Me propusieron dejarme en algún lado. No quise y fui a trabajar. No entiendo qué pasó ni por qué siete personas me detuvieron, escribió Navalny en su cuenta en Twitter.

Las autoridades imputan a Navalny –quien insta a sus seguidores a boicotear los comicios de marzo– la infracción de convocar sin autorización la manifestación de protesta del 28 de enero anterior, en la cual él mismo no pudo participar al ser arrestado al poco de aparecer en el centro de Moscú.

Ese día, apenas unas horas más tarde, lo liberaron sin presentar cargos, pendiente de que lo cite un juez para resolver qué castigo le impone.

En cualquier momento puede llevarse a cabo ese juicio, que no parece que vaya a terminar en una simple multa, como sucedió también este jueves con Leonid Volkov, ex coordinador general de campaña de Navalny, condenado a 30 días de privación de la libertad.

Es obvia la intención de evitar que Navalny y sus colaboradores más cercanos puedan empañar la celebración de lo que, desde hace meses, se da como un triunfo seguro de Putin.

La ley permite enviar a prisión a Navalny durante 30 días, suficientes para mantenerlo fuera de circulación, igual que a Volkov, los días de marzo que el Kremlin procurará sofocar cualquier protesta en su contra.

Únicamente falta que el juez decida qué día ingresa a la cárcel.