Un juez de control federal dictó prisión preventiva oficiosa y justificada contra Javier Nava Soria, el contador y uno de los principales operadores de la red de corrupción que presuntamente encabezaba el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, por la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El imputado permanecerá en el Reclusorio Norte hasta que se resuelva su situación jurídica.

Durante la audiencia inicial en el centro de justicia penal federal, el juez Marco Antonio Fuerte resolvió que debido a que la delincuencia organizada es grave, no tiene beneficio alguno. También consideró que el acusado huyó, por lo que otorgó dicha medida cautelar. Además, concedió la duplicidad del plazo a 144 horas, para que la defensa aporte datos de prueba contra las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

La diligencia continuará el 26 de febrero a las 13 horas, para que el juez determine si lo vincula o no a proceso.

El Ministerio Público Federal presentó 44 datos de prueba, entre ellos contratos, compraventa de terrenos, estados de cuenta bancarios, informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, dictámenes periciales, así como testimonios de José Juan Janeiro y Alfonso Ortega, testigos colaboradores de la PGR.

Los fiscales señalaron que Nava Soria participó como prestanombres en la compra de inmuebles en Veracruz, Campeche y Ciudad de México, además del lavado de más de 223 millones 300 mil 963 pesos, a través de 13 depósitos realizados a la empresa fachada Consorcio Brades, de la que era apoderado legal. También lo acusan de haber sido el responsable de constituir y operar varias de la empresas fantasmas con las que la administración de veracruz presuntamente simuló contratos para desviar mil 670 millones de pesos del erario.

Según las autoridades, la red de corrupción y lavado tenía como líder al ex mandatario estatal y como sus principales operadores financieros, prestanombres y adquirentes de inmuebles a Alfonso Ortega López, Arturo Bermúdez Zurita, José Juan Janeiro Rodríguez y Moisés Mansur Cysneiros. Asimismo, como encargados de blanquear los recursos desviados del erario veracruzano participaron Rafael Rosas Bocardo, Javier Nava Soria, Santa Bartolo y las hermanas Elia y Nadia Arzate Peralta.

Esta red es señalada como responsable de la compra ilegal de decenas de hectáreas en el Ejido Lerma, en Campeche, que supuestamente servirían para un desarrollo inmobiliario; parte de los recursos provinieron de la Secretaría de Educación de Veracruz.

De los mil 670 millones de pesos 131 millones provenían de las 21 empresas fachadas utilizadas por el ex mandatario para el desvío de recursos. Agregaron que Consorcio Brades estaba constituida como comercializadora y arrendadora de productos para el hogar, oficina e industria, pero que el domicilio fiscal era una casa que no tenía registrados empleados.

El contador ingresó ayer a las 7:08 de la mañana al área de juzgados, fue trasladado y escoltado en tres camionetas de la Agencia de Investigación Criminal. El detenido llegó el martes a Ciudad de México de España en un vuelo comercial de Madrid.

La deportación se efectuó porque venció el plazo para su estancia legal en aquel país. Se le acusa de ser integrante de la trama de blanqueo de capitales en diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, al elaborar contratos a empresas fachada y como testaferro.

Ese día fue sometido a un examen físico dentro del hangar de la PGR y posteriormente fue trasladado en una camioneta blindada de la Agencia de Investigación Criminal a las instalaciones de la PGR en Azcapotzalco.