a conocida labia del panista Ricardo Anaya Cortés no ha sido suficiente para remontar el nuevo obstáculo que sus adversarios políticos le han colocado y potenciado, no sin razones válidas de fondo, más allá de las circunstancias electorales en curso.

Ayer, en diversos foros mediáticos (en particular, en la mesa matutina de Televisa, con Carlos Loret de Mola, Ana Francisca Vega y Enrique Campos) el candidato presidencial de la derecha más explícita batalló para tratar de imponer una explicación lógica y simple de uno de los actos de enriquecimiento por la vía inmobiliaria que le han sido característicos. Como si en este país no hubiera tráfico de influencias ni maniobras trianguladas para favorecer a políticos, Anaya Cortés ha pretendido desmarcarse con legalismos y victimismo electoral de la acusación presentada ante la PGR por un abogado que asegura que en la compraventa de una nave industrial de Querétaro hubo maniobras de lavado de dinero que favorecieron a quien ha tenido en esa entidad un peso político suficiente para recibir favores y tejer artificios.

Es probable que esa denuncia haya sido impulsada en términos judiciales y mediáticos por quienes desean tumbarlo de un presunto segundo lugar en las preferencias para la Presidencia de la República, pues Anaya Cortés está siendo centrado en embrollos con tufo a corrupción que desdicen las arengas encendidas de quien dice estar decidido a combatirla.

Si el PRI y su candidato, José Antonio Meade, pretenden desbancar al queretano musical para focalizar la contienda entre YoMero y YaSabenQuién, los expedientes de corrupción relacionados con Anaya habrán de ser explotados con toda la fuerza del sistema. Un sistema, por lo demás, del que forma parte el propio Anaya, por más que en esta coyuntura esté jugando el rol de opositor irreconciliable con la actual administración de Los Pinos.

En ese sistema político se ha vuelto lugar común que los presupuestos, el federal y el de los estados y municipios, sean utilizados de manera irregular (delictiva en muchos casos) por funcionarios con vocación ladrona. El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación ha consignado ese mapa del latrocinio institucionalizado: miles de millones de pesos sustraídos de los modelos básicos de control administrativo mediante trampas que llegan a involucrar a universidades públicas y a sistemas estatales de radio y televisión, por dar algunos ejemplos.

La vergonzosa danza rutinaria de los miles de millones de pesos ha hecho voltear hacia el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, cuyo paso por varias secretarías de estado, sobre todo la de hacienda, donde ha estado dos veces, parece haber sido impráctico a la hora de detectar tantas maniobras de rapiña con cargo al dinero público. El mismo Meade ha declarado que en el cien por ciento de los casos debe haber un adecuado rendimiento de cuentas y que los partícipes en hechos irregulares deben asumir las consecuencias. Pero nada hace pensar que el propio sistema vaya a castigar de verdad a los responsables del saqueo de la nación.

La diputada federal priísta Sara Latife Ruiz Chávez publicó en Twitter un comentario que luego borró: Lamento lo sucedido hace unos minutos en Playa Del Carmen a la embarcación de #BarcosCaribe, rechazo tajantemente cualquier acto de violencia que atente contra ciudadanos y turistas en nuestro país. #BASTADEODIO Mis deseos de pronta recuperación para los heridos.

En lugar de ese mensaje, en el que hablaba de violencia, odio y atentar, Latife acomodó: Lamento lo sucedido hace unos minutos en Playa Del Carmen a la embarcación de#BarcosCaribe. Mis deseos de pronta recuperación para los heridos y el esclarecimiento de los hechos. Pero no cedió totalmente: Pues por el bien de la economía de nuestro estado deseo que el motivo sea muy diferente. Y para evitar especular antes de tener los resultados de la investigación, opte por corregir mi mensaje. Vivimos del turismo, es algo que siempre los quintanarroenses debemos tener presente.

El accidente, o atentado, de referencia se produjo ayer, casi a la una de la tarde, y dejó 18 heridos y una extendida percepción de que la violencia criminal está desbordada en esa entidad bajo gobierno de alguien que fue priísta hasta horas antes de asumirse como candidato opositor, Carlos Joaquín González. La empresa Barcos Caribe forma parte del entramado que tiene como punto rector al ex gobernador Roberto Borge, quien fue extraditado de Panamá en enero reciente, bajo acotadas acusaciones de corrupción en el ejercicio público. Los accionistas de la firma naviera son familiares, empleados y amigos de la familia Borge. ¿Accidente, atentado o mensaje entre mafiosos, incluyendo los políticos?

Astillas

En Mérida, Andrés Manuel López Obrador anunció que participará en los debates entre candidatos presidenciales que organice el Instituto Nacional Electoral aunque, advirtió, sabe que le echarán montón... Un juez federal ordenó dejar en libertad por una acusación (aunque seguirá en prisión, por otras) a José Alfredo Cárdenas Martínez, sobrino de quien fue jefe mafioso, Osiel Cárdenas, luego que la Marina lo había detenido en Matamoros, Tamaulipas, bajo el señalamiento de ser el jefe regional del cártel del Golfo. La esposa de José Alfredo demostró que la detención se realizó en el domicilio familiar y no en la calle, y el juzgador declaró que al violarse el debido proceso debería liberarse a quien apodan El contador. Múltiples casos de violaciones al debido proceso por parte de marinos, Ejército y policías federales se denuncian cotidianamente en todo el país, pero no hay reacciones judiciales tan amablemente expeditas… Y, mientras la defensa jurídica de Elba Esther Gordillo recurre a las comisiones interamericana y nacional de derechos humanos, alegando que le han impuesto restricciones a la ex dirigente sindical por que sus familiares han apoyado al candidato presidencial de Morena, en un acto de persecución política, ¡hasta mañana!

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