La Presidencia de la República erogó en 2016 un total de 3 mil 550 millones de pesos, esto es, mil 627 millones más de lo autorizado, que incluyó los gastos de operación de la Oficina de la Presidencia y el Estado Mayor Presidencial (EMP).

El presupuesto incluyó el pago de personal militar y auxiliar, así como el de las pensiones de los ex presidentes o sus beneficiarios, que implicó un gasto de 39.8 millones, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como parte del tercer informe de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2016, la auditoría detectó irregularidades en la compra de trajes para el EMP.

Al revisar la partida 27101, Vestuario y uniformes, para la cual la Presidencia ejerció 23 millones 869 mil 500 pesos, la ASF detectó que el contrato se otorgó a una empresa que se constituyó el 17 de marzo de 2016, 46 días antes de que se le invitara a participar en el proceso de invitación a cuando menos tres proveedores. Además, se trata de una empresa que en su más reciente declaración fiscal reportó ingresos de 100 mil pesos y su actividad no es la venta de vestuario y uniformes.

Incumplen el requisito de la licitación pública

También, la auditoría observó que ese proceso debió realizarse mediante una licitación pública, porque los bienes adquiridos corresponden a prendas de vestir y éstas no son de uso exclusivo militar, al corresponder a trajes sastre para caballero y dama y que los criterios expuestos por el EMP, respecto de que una licitación pública pondría en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, no le son aplicables.

El EMP insistió que la empresa tendría acceso a toma de medidas, pruebas, ajustes y entrega final del vestuario, datos personales de elementos de seguridad y a las áreas críticas de Los Pinos.

Ante el fallo de la ASF, la Presidencia recomendó a la Secretaría de la Defensa Nacional considere regular la confección y venta de uniformes militares y divisas, por parte de empresas civiles.

Los Pinos gastó 17.8 millones en lavandería. De la revisión de las facturas, la auditoría detectó que nueve tenían la misma fecha de expedición, pero diferentes números de serie y folio. El proveedor aceptó que éstos correspondían a facturas expedidas en 2008, 2010, 2013 y 2014, pero la Presidencia informó que, si bien la empresa modificó las fechas para cumplir con uno de los requisitos para el contrato, esto no tuvo impacto en la prestación del servicio.