La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en 2016 por 104 mil 241.2 millones de pesos, de los cuales se han recuperado sólo 7 mil 896.9 millones. En 2015, la cifra de inconsistencias ascendió a 164 mil 716 millones.

De igual manera confirmó que –como publicó en su momento La Jornada– desde 2013 se ha detectado un esquema mediante el cual se han desviado unos 7 mil millones de pesos utilizando universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios, que a su vez enviaban los recursos a empresas fantasma.

Al entregar en la Cámara de Diputados los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública del año antepasado, el encargado de despacho de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, detalló que en 2016 hubo un total de mil 865 informes, lo que significó 13.5 por ciento de crecimiento en el número de auditorías con respecto a 2015.

De esos mil 865 informes, mil 709 se refieren a revisiones de cumplimiento financiero y 148 a auditorías de desempeño, así como dos estudios y seis evaluaciones de políticas públicas.

Además, del total de auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016, 72.9 por ciento –mil 361– se realizaron a entidades federativas y municipios.

Aunque en su mensaje en la Cámara de Diputados Pérez Saavedra no mencionó la cifra de irregularidades detectadas en 2016, al consultar los datos actualizados en la página de Internet de la ASF se observó que los recursos por recuperar o aclarar ascienden a 104 mil 241.2 millones de pesos.

Al describir cuáles son las áreas con riesgos en la Cuenta Pública 2016, el funcionario dijo que una de ellas es el ambiente de excesiva discrecionalidad en el marco de la Ley de Adquisiciones del Sector Público, el cual propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en dichas licitaciones públicas.

La ASF constató que en este tipo de esquemas participaban, sobre todo, universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios, además de empresas paraestatales de las entidades federativas, y en ocasiones, de la propia Federación.

De acuerdo con el informe general ejecutivo, las universidades eran utilizadas como supuestas proveedoras de bienes y servicios, pero en realidad subcontrataban a empresas cuya existencia legal no había sido comprobada. Entre los organismos involucrados en este tipo de operaciones se encuentran las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Rosario Robles dirigió a la primera de ellas de 2012 al 26 de agosto de 2015, y la segunda del 27 de agosto de 2015 a la fecha.