El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya Cortés, fue acusado de orquestar una red de empresas fachada que triangularon una suma millonaria en varios países y paraísos fiscales para simular la compra-venta de una nave industrial, con valor de 54 millones pesos, y con ello beneficiar a una compañía propiedad del panista.

En conferencia de prensa, el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, en representación de dos personas que aseguran haber sido contratadas por un empresario del sector inmobiliario de Querétaro –tierra de origen de Anaya– para concretar dicho entramado, afirmó que sus clientes son objeto de amenazas en las que podría estar implicado el candidato u otros actores, por lo cual hace unos días presentaron denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Explicó que en 2016, Alberto N y Daniel N, de quienes reservó su identidad, fueron contratados por el empresario Manuel Barreiro Castañeda para realizar una venta irregular de un terreno en el municipio de El Marqués, Querétaro.

Acompañó sus señalamientos con copias de las transferencias realizadas a cada una de las personas morales que intervinieron en el esquema para la adquisición del inmueble, los contratos de compraventa, los documentos que acreditan la existencia de algunas de las empresas nacionales y extranjeras que intervinieron, los contratos de créditos simulados, diagramas en los que se explica la operación y correos electrónicos entre sus clientes y Barreiro.

El fin, ocultar origen de fondos

Uno de los dos contratistas sostuvo en la denuncia: “El propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a la citada empresa, Juniserra –propiedad de Anaya y su suegro Donino Ángel Martínez Diez–, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble. Por tanto, de esa forma lograr el objetivo de hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa; esto, seguramente, por la gran relación de amistad que guardan Manuel Barreiro y Anaya desde hace muchos años”.

Como primer paso, la empresa Juniserra, propiedad de Anaya, compró a Barreiro un lote del terreno marcado con el número 82, ubicado en la carretera estatal 431 km 2+200, Hacienda La Machorra, en el municipio de El Marqués, con superficie de 13 mil 589 metros cuadrados y valor de 10 millones de pesos.

Posteriormente, en abril de 2016, Barreiro buscó a Daniel N y Alberto N para armar una red de empresas fachada o fantasmas, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros de toda la confianza del empresario queretano.

Entre dichas empresas se trianguló el dinero para perder el rastro de su origen, ya que el propio Barreiro pretendía recomprar el terreno, ahora catalogado como nave industrial, a la empresa de Anaya por cinco veces su valor original. En ningún momento sus clientes tuvieron contacto con el candidato presidencial del PAN.

“Para esto mis clientes constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar –territorio británico y paraíso fiscal– e islas Turcas y Caicos, en el Caribe.”

Tras pasar por estos países, la millonaria suma llegó a la empresa Tesorem –propiedad de los dos denunciantes–, mediante la cual se habrían enviado los 54 millones de pesos a una compañía fantasma llamada Manhattan Master Plan Development, que pagó dicha suma a Juniserra.

Como parte de los 54 millones que llegaron a Juniserra, la empresa de Anaya compraría otro lote en el mismo parque industrial a Barreiro. Probablemente con la idea de recircular el dinero y repetir la operación.

Anaya fue señalado desde 2016 de no reportar ingresos que justi-fiquen cómo cubre la residencia de su familia en Estados Unidos. En sus declaraciones patrimoniales informó de ganancias anuales por 1.1 millones de pesos. Además, se ha denunciado que empresas ligadas a él y su familia política crecieron de manera exponencial a la par de su carrera política.

Xamán Mcgregor sostuvo que sus clientes hicieron pública la denuncia porque comenzaron a ser acosados, seguidos y hasta amenazados, y temen por su integridad.

Por eso se presentó la denuncia ante la PGR y responsabilizó de cualquier daño contra sus defendidos –cuya situación jurídica es de carácter reservado– a Anaya, a Barreiro y a los gobiernos federal y de Querétaro (encabezado por el panista Francisco Domínguez Servién). Aunque, aclaró, no tienen pruebas contundentes de quién está detrás de esas amenazas.

Vendí a precio de mercado y todo fue reportado en mi delaración 3de3, argumenta

De la Redacción

Ricardo Anaya Cortés descalificó los señalamientos en su contra por presunta triangulación de recursos. Consideró que son refrito de las acusaciones que le formularon hace cinco meses.

Afirmó que se trata de una estrategia de guerra sucia del PRI en su contra, que intenta confundir a la opinión pública y levantar la campaña en ruinas de su candidato (José Antonio Meade). Y, nuevamente, no les va a funcionar.

Ayer, la oficina de comunicación del panista emitió un comunicado en respuesta a la denuncia hecha horas antes por el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, quien lo responsabilizó de triangulación de recursos por varios países y paraísos fiscales, y como probable responsable de acoso contra sus clientes.

Anaya indicó que su empresa vendió una nave industrial a precio de mercado, lo que está reportado en su declaración 3de3, y que su compañía siempre ha estado al corriente de sus obligaciones fiscales.

Los señalamientos, enfatizó, son una forma de distraer la atención de un gravísimo escándalo de corrupción detectado por la Auditoría Superior de la Federación, que implicaría el desvío de más de mil 300 millones de pesos de programas sociales por la entonces titular de Secretaría de Desarrollo Social y hoy de la de Desarrollo Urbano y Territorial, Rosario Robles Berlanga.

Calificó de absurdos y (de) risa loca los señalamientos de que amenazó a los dos clientes de Xamán McGregor –quienes habrían sido contratados para las triangulaciones señaladas por Manuel Barreiro Castañeda, empresario del sector inmobiliario y, de acuerdo con las acusaciones, cercano a Anaya–, a quienes aseguró no conocer y jamás haber tenido contacto con ellos.

Acerca de la triangulación de recursos, Anaya indicó que fue aclarado en su momento en un comunicado de prensa el 18 de septiembre de 2017, en el que se asentó que “la empresa Manhattan Master Plan Development cubrió el importe de la compraventa a entera satisfacción de nuestra empresa (…) No conozco de irregularidad alguna. En cualquier caso, a quien correspondería verificar que su empresa (Manhattan Master Plan Development) cumple con la normatividad vigente es a las autoridades competentes, y no a quienes vendimos un inmueble cuyo precio fue cubierto a nuestra entera satisfacción”.