La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), órgano responsable de fiscalizar el gasto público y el perfil de los servidores públicos, se convirtió en refugio de familiares de diputados de la Asamblea Legislativa (ALDF) y operadores territoriales de partidos políticos, varios de los cuales ganan sueldos hasta de 64 mil pesos al mes, sin tener estudios profesionales.

Derivado de una revisión realizada en el portal de transparencia, sólo de la lista de asesores contratados por honorarios con un salario de 64 mil pesos al mes, se encontró a Rosalía, Sarahí y Alejandro, hermanos de la diputada del Partido de la Revolución Democrática Elizabeth Mateos Hernández en esos cargos.

Otro caso es el de la también asambleísta del sol azteca Rebeca Peralta León, quien pertenece a la corriente política Alternativa Democrática Nacional (ADN) y tiene a su hermano José Alejandro, así como a personas de su equipo de trabajo conocidas por su desempeño, pero como operadoras territoriales en Iztapalapa.

Entre ellas están Mónica Patricia Montes Romero, Evelin Manuela Olvera Montes –mamá e hija–, quienes sólo cuentan con estudios de secundaria, y Maura Rodríguez Montiel, quien fue integrante del comité ciudadano de Zacahuizco, sólo con primaria.

En la lista se encuentra también Onasis Galindo Zárate, dirigente perredista de la corriente ADN en la delegación Magdalena Contreras y cercano al perredista Iván Texta Solís, presidente de la Comisión de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de la ALDF.

Del Partido Revolucionario Institucional se ubicó a Alfredo Campanella Miranda, quien pasó de ser auxiliar ‘D’ en las oficinas del tricolor en la capital, con un suelo de 6 mil 100 pesos, a ser asesor en materia administrativa y de fiscalización con 64 mil pesos al mes, al igual que su compañero Benjamín Galván Santiago.

Fuentes de la ASCM consultadas señalaron que no hay manera de corroborar que ese grupo de “asesores, que pasó de 104 en diciembre de 2016 a 139 en diciembre de 2017, con el mismo sueldo, efectivamente realice su labor en ese órgano, porque no cuentan con oficinas o espacio físico asignado.

Junto al aumento de asesores contratados por honorarios que perciben 64 mil pesos se incrementó el presupuesto asignado a este órgano fiscalizador, al pasar de 592 millones 593 mil 363 pesos en 2016, a 745 millones 94 mil 775 pesos para 2018; es decir, 25.7 por ciento, equivalente a 152 millones 501 mil 412 pesos.

La productividad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México se ha mantenido igual en los años recientes, al registrar 186 auditorías en 2016 y 188 en 2017, es decir, sólo hubo una diferencia de dos arqueos.