n la madrugada del 19 de febrero de 2006, hoy hace 12 años, una explosión de metano dejó atrapados a 65 obreros que laboraban en las profundidades de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, y lesionó a otros 13 que fueron rescatados con vida. En las horas y días siguientes, el gobierno federal, entonces encabezado por Vicente Fox, y la concesionaria de la excavación, Grupo México, reaccionaron en forma omisa ante la situación y en lugar de agilizar los trabajos de rescate los obstaculizaron con innumerables pretextos y desinformaron deliberadamente a la sociedad sobre la situación de los infortunados mineros con datos contradictorios e inverosímiles. Más aún, seis días después del accidente fue surgiendo información sobre la negligencia de la empresa y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que entonces encabezaba Francisco Javier Salazar, en materia de seguridad laboral.

La respuesta gubernamental a las denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalurgicos, Siderurgicos y Similares de la República Mexicana fue una persecución administrativa y judicial en contra de Napoleón Gómez Urrutia –quien debió buscar asilo en Canadá–, que persiste hasta la fecha. Los cuerpos de la gran mayoría de los mineros muertos aún permanece en el socavón colapsado y Pasta de Conchos se mantiene como un agravio abierto, un ejemplo de la extremada voracidad empresarial –Grupo México obtiene utilidades de decenas de miles de millones de pesos– que llega al desprecio por la vida humana y como un caso ilustrativo de la falta de voluntad oficial para tutelar los derechos de los trabajadores.

Ayer, en vísperas del 12 aniversario de la tragedia que ha sido calificada por diversos organismos sindicales y de derechos humanos de México y del extranjero como homicidio industrial, las viudas y deudos de los 65 mineros fallecidos marcharon una vez más en demanda de justicia y del rescate de los cuerpos todavía enterrados en la mina e inauguraron un segundo antimonumento en el Paseo de la Reforma, adicional al erigido por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014. En una misa realizada en la glorieta del Ángel de la Independencia, los sacerdotes Miguel Concha y Raúl Vera coincidieron, en sus respectivas homilías, en señalar que no se ha cumplido con la más elemental justicia para con los caídos y sus familias y que el gobierno federal mantiene una deuda con ellos.

El caso de Pasta de Conchos es, por lo demás, un doloroso marcador en la ruta de degradación nacional que persiste hasta la fecha y que tiene como característica más exasperante la devaluación de la vida humana, de la dignidad laboral y de la vigencia de las garantías y derechos fundamentales.

No es tolerable y ni siquiera sensato que se siga apostando al olvido de la tragedia ocurrida hace más de una década en el socavón coahuilense y a la sedimentación de ese agravio en otros más recientes. Hay responsabilidades vivas por deslindar, daños por reparar y errores que reconocer. En tanto no se proceda en este sentido, Pas-ta de Conchos seguirá siendo un eslabón más de la cadena de impunidades que son causa directa del deterioro institucional en curso.