En ocho días vence el plazo constitucional que tiene el Senado para aprobar la ley reglamentaria sobre justicia laboral y no hay avances, ya que las negociaciones se han dado fuera de esa Cámara y la oposición advirtió que no permitirá un albazo, ya que se pretende imponer una contrarreforma que atenta contra derechos y conquistas logradas por los trabajadores en décadas de lucha.

Aunque hay un plazo fatal, que es el próximo día 26, lo mejor es darnos más tiempo y no aprobar al vapor una legislación tan ofensiva y violenta en contra de la clase trabajadora, como la que quieren imponer el gobierno, los empresarios y seudo líderes sindicales”, advirtió el senador del PT-Morena, Luis Humberto Fernández, secretario de la Comisión de Trabajo, que es la responsable de dictaminar.

Adelantó que el próximo jueves se llevará a cabo un foro de discusión en el Senado, en el que participarán abogados laboristas y académicos.

En entrevista aparte, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, coincidió en que se debe discutir ampliamente esa ley reglamentaria, dentro del Senado y llevar a cabo foros de análisis en los que participen representantes del sindicalismo independiente, académicos y expertos, dado lo delicado del tema, que pone en peligro derechos obreros fundamentales.

No basta, insistió, con que se haya eliminado de la iniciativa gubernamental presentada por los senadores del PRI, Isaías González Cuevas y Tereso Medina, que son al mismo tiempo dirigentes de la CROC y la CTM, el tema del outsourcing, ya que hay otros muchos aspectos preocupantes que se requiere también eliminar.

Al respecto, el senador Fernández Fuentes advirtió que la propuesta de reforma laboral impulsada por González Cuevas y Medina anula los pocos avances que se dieron con la reforma constitucional de febrero de 2017. Echa para atrás uno de los logros más importantes, que es el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo.

En la iniciativa de los priístas, ese punto ni se menciona, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección.

Agregó que aunado a ello, el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el Estado queda en representación minoritaria.

Asimismo, facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores”.

Insistió: Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.