Monterrey, NL.

De 300 ejecuciones perpetradas cada mes, Nuevo León ha pasado a 40 y durante 2017 la Procuraduría General de Justicia del estado fue la que más acusó en México, con 6 mil 700 vinculaciones a proceso.

Así lo afirma en entrevista con La Jornada el procurador Bernardo González Garza, quien sostiene que ha pacificado la entidad a base de aplicar la ley y de meter a la cárcel a los delincuentes.

“Nos ganamos la medalla de ser la procuraduría que más acusó en todo el país. Logramos este récord de vinculaciones a proceso, algo nunca antes visto. No hay en los archivos de la historia de la dependencia acciones que nos lleven a esos números.

En 2016 el Ministerio Público llevó a prisión a 2 mil 600 personas a prisión; nosotros en 2017 logramos casi 4 mil, superamos por mucho las cifras estatales. La gente eso es lo que quiere ver, que se haga justicia, que esté en la cárcel quien debe estarlo.

–¿Pactó el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, con alguno de los cárteles de la droga para tranquilizar al estado?

–No, no existe ningún pacto. El gobernador también ha tenido una acción muy decidida en contra del narcotráfico. A los cárteles los estamos desarticulando, les estamos quitando la droga y las armas. Con el miedo no, sino con la decisión de hacerlo. No hay de otra.

Hace dos semanas un comando armado atacó a balazos a un grupo de personas reunidas en una casa ubicada en la colonia Constituyentes de Querétaro, en el municipio de San Nicolás de los Garza, con un saldo de nueve personas muertas. Días después, la Procuraduría General de Justicia detuvo a dos sospechosos de la masacre.

Rompimos un récord en ejecución de ordenes de aprehensión, llegamos a más de 2 mil 300, algo que no había registro de que se hubiera logrado antes. Matemáticamente éstos son los números oficiales, imposibles de maquillar, dice.

–Entonces, ¿no han bajado los índices de criminalidad por haber pactado con un cártel de la droga hegemónico?

–No. El que se lo merece, se va a ir a la cárcel. En Nuevo León el que la hace, la paga.

–Antes la plaza era de Los zetas y ahora se dice que es del cártel del Golfo. ¿Cuál es la redistribución de los grupos criminales en Nuevo León?

–Creo que se están yendo de aquí. Son más homicidas, secuestradores y narcomenudistas los que han ido a la cárcel. Lo que se intenta hacer como una visión de Estado, es que Nuevo León no sea atractivo para los delincuentes.

–Sin embargo, Nuevo León ha sido el lugar preferido de los capos de la droga para tener viviendo a sus esposas o amantes, y a sus hijos en buenas universidades de este lugar. ¿Sigue siendo un santuario para las familias de los narcos?

–Ha dejado de ser así, porque ven que nosotros tenemos una acción decidida. La policía, como nunca se ha visto, ha detenido vehículos sospechosos sin importar que sean de lujo, con placas no solamente colgadas, sino hechizas, sin registro.

Nuevo fiscal

González Garza es licenciado en ciencias jurídicas por la Universidad Regiomontana y fue consejero jurídico del gobernador Rodríguez Calderón, El Bronco, desde octubre de 2015, hasta abril de 2016, cuando fue nombrado director general de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente subprocurador del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado. Luego sustituyó al primer procurador del gobierno, Roberto Flores, a quien el Congreso exigió cesar.

Además del reto de la seguridad de Nuevo León, el actual procurador González Garza enfrenta el desafío personal de ser elegido como nuevo fiscal general de Nuevo León. La designación está a cargo del comité de selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que además nombrará a los fiscales anticorrupción y especializado en delitos electorales.

El procurador González Garza anexó cartas de recomendación de 50 universidades, cámaras, colegios, fiscales, procuradores y del arzobispo Rogelio Cabrera, y dice que es uno de los aspirantes más capacitados para desarrollar dicho puesto.

Los miembros del consejo deben ser sumamente reflexivos sobre el conocimiento del nuevo sistema de justicia penal, ese debe ser un requisito inapelable. Tenemos un nuevo sistema con el que algunos tuvimos la fortuna de aprender. Eso es básico. No deberíamos regresar al pasado. La gente no quiere un político, sino una persona técnica, que sea el abogado del pueblo, porque esa es la representación del Ministerio Público, al menos con este equipo que hemos conformado.

Sin embargo, de los 50 aspirantes registrados, 16 están relacionados con Rodríguez Calderón, el ex mandatario investigado por corrupción Rodrigo Medina, Fernando Elizondo y hasta con el ex gobernador priísta Natividad González Parás, según un recuento de la asociación Redes Quinto Poder, que ha exigido una auténtica independencia al que sea elegido por el comité ciudadano.

–¿Hay una incompatibilidad con el hecho de que usted sea candidato al puesto de fiscal?

–No creo que tenga ningún conflicto de interés en permanecer en el cargo. Hay gente que dice que puedo tener algún tipo de relación con Rodríguez Calderón y que no haría nada si hay actos de corrupción del gobernador. Pero les explico que voy a ser el fiscal general y a investigar delitos generales: homicidio, violación, secuestro o robo. Habrá un fiscal anticorrupción, que no lo voy a nombrar yo, sino el Congreso.

–¿No aseguraría la impunidad del gobierno saliente o de delitos electorales?

–Si pudiera tener ascendencia sobre el fiscal anticorrupción o de delitos electorales, yo sería el primero en no inscribirme. Pero como existe independencia del mismo Congreso a la hora de elegir, me motiva a seguir queriendo sostener estos números.

Buenos números

Ante la inminente elección del nuevo fiscal general, el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León cuestionó la falta de candados para lograr que el nuevo fiscal general sea apartidista.

El procurador de Nuevo León aseguró que en su caso los hechos hablan por sí solos, ya que el año pasado logró realizar 600 cateos y bajar los índices de narcomenudeo.

La mayoría de los delitos de alto impacto en México se cometen por gente que está bajo la influencia de alguna droga, y el procurador llegó con esa encomienda de combatir a los narcomenudistas.

El índice de homicidios en la entidad tuvo una reducción de entre 3 y 4 por ciento, mientras a escala nacional subió. Somos de las cuatro entidades que bajamos la estadística delictiva en 2017, con menos delitos patrimoniales, como el robo a negocio y a casa-habitaciíon; ambos tuvieron una disminución.

Añade: Si se acaba la impunidad, baja el delito. Si un ratero ve que se está metiendo a la cárcel a los ladrones, si el secuestrador ve que a los plagiarios les dan 80 años de prisión, lo dejan de hacer o ya no se animan a hacerlo. Ser muy rígidos como acusadores sirve para fortalecer un estado de derecho y no estamos haciendo nada nuevo. Entre más dura sea la autoridad con los que cometen un delito, empieza a bajar la delincuencia.

–Tiene usted un problema grave con los penales. Los conflictos continúan, porque son cárceles que están en poder del crimen organizado –se le recordó.

–Los reclusorios venían de un desorden. Así se entregó esa área. Y metimos mil 500 personas más a la cárcel, sin tener ningún miedo al delincuente.

–¿Hay sobrepoblación?

–Por supuesto. En la procuración de justicia no puedo sesgar y decir están muy llenos los penales, le voy a bajar a la intensidad, obviamente no. Si estamos haciendo bien las cosas, yo creo que merezco la oportunidad de ser fiscal general. Si sigo aquí, qué bueno; seguiremos con este trabajo y mejorándolo, y si no, creo que dejamos la vara muy alta para el que llegue. Para mí, estos números son un legado importante.