Organizaciones no gubernamentales y legisladores coincidieron en que en el contexto de la renegociación del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, se debe crear un comité mixto que vigile el cabal cumplimiento de la cláusula de derechos humanos, ya que las violaciones y la impunidad persisten en ambas partes.

Durante la presentación del informe La cláusula de derechos humanos en la modernización del acuerdo global entre la UE y México, realizado en el Senado, el eurodiputado Josep María Terricabras, dijo que el año pasado hubo en el país una cifra récord de asesinatos, 25 mil 339, entre ellos de periodistas y defensores de derechos humanos y 98 por ciento de los mismos no se han resuelto.

Ello demuestra, dijo, “la gran impunidad existente y que la cláusula democrática establecida en el Acuerdo Global de 1997, puesto en marcha hasta 2000, no ha funcionado.

Por su parte, la directora de Incidencia Nacional e Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Olga Guzmán Vergara, señaló que se busca convertir a la cláusula en un instrumento verdadero de supervisión y cooperación, que se traduzca en mecanismos concretos, exigibles y participativos que ayuden a uno de sus principales aliados a terminar con la impunidad y brindar paz y seguridad, justicia y memoria a sus connacionales.

Resaltó que del lado de la Unión Europea también hay violaciones, sobre todo de sus empresas trasnacionales asentadas en México. En el informe se señala a nueve de ellas, la mayoría españolas, que además de contaminar el medio ambiente incurren en amenazas, intimi-daciones y hasta asesinatos. Menciona entre ellas a Fenosa Gas Natural, así como corporaciones de Holanda, Suiza y Alemania, violadoras de derechos humanos.

Al respecto, la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, consideró que pese a la gravedad de los señalamientos el gobierno federal y los estatales eluden enfrentarlos.

Integrante del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, Eugenia López indicó que el Acuerdo Global avanza en la protección de los inversionistas sin el acompañamiento de garantías para el respeto de derechos humanos de la población.

El eurodiputado Terricabras planteó crear un Consejo ase-sor de expertos internacionales en derechos humanos y de la lucha contra la impunidad, que oriente al gobierno de México sobre las estrategias a emprender para acabar con la impunidad y evaluar de manera rigurosa la situación de las garantías individuales en el país.

Asimismo, formar un mecanismo que permita realizar informes periódicos sobre el impacto del acuerdo en materia de derechos humanos. Las cláusulas de inversión, dijo, no cuentan con las obligaciones o salvaguardas de derechos humanos para inversionistas extranjeros en México ni para los mexicanos en la Unión Europea.

Aunado a ello, resaltó que se pone a México como blanco de una ola de demandas de inversionistas de Europa por las violaciones a derechos humanos.