Luego de que diversos municipios del país interpusieron controversias constitucionales contra la Ley de Seguridad Interior (LSI), han existido presiones y acciones que parecieran ser una represalia contra los promotores de dichas impugnaciones, alertó el colectivo Seguridad sin Guerra.

En un comunicado, la asociación formada por más de 300 grupos y personas subrayó que uno de esos casos es el del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, donde la Secretaría de la Defensa Nacional canceló el convenio de colaboración que tenía para la vigilancia de carreteras, y negó la entrega de más de mil cartillas militares a los jóvenes del municipio.

Seguridad sin Guerra condenó estas acciones, que pueden traducirse en afectaciones a la seguridad y derechos de las personas, y manifestó su apoyo a las autoridades municipales que controvirtieron la LSI, norma que pretende perpetuar el fracasado modelo de seguridad pública e invadir competencias entre entidades.

Entre los municipios que impugnaron la mencionada ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordó, se encuentran Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctún, en Yucatán; Ahuaca­tlán, Soltepec y Tepeyahualco, en Puebla; Morelia y Cherán, Michoacán; Hidalgo del Parral, Chihuahua, y Oxchuc, Chiapas.

De igual forma, el colectivo manifestó su respaldo a la controversia constitucional presentada por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, no sólo por ser el único mandatario que lo hizo, sino porque las razones expuestas en su demanda, fundamentan plenamente la invasión que la ley impone a la soberanía de los estados por las autoridades federales.