l hasta ayer comisionado para la reconstrucción, recuperación y transformación de Ciudad de México, Ricardo Becerra, presentó su renuncia mediante un documento en el cual denun-cia que la Asamblea Legislativa decidió asignar de manera arbitraria 8 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción sin consultar a la instancia expresamente creada para recoger las necesidades de las personas afectadas por el catastrófico sismo del 19 de septiembre ni tomar en cuenta el diagnóstico elaborado a fin de atender las prioridades manifestadas por las propias víctimas del siniestro. Por su parte, el subcomisionado Mauricio Merino anunció que dejará su puesto el lunes 19 debido a la falta de garantías para el ejercicio de su labor.
Horas después de que Becerra comunicara al jefe de Gobierno de Ciudad de México su intención de abandonar el cargo que desempeñaba desde el 26 de octubre pasado, un sismo de magnitud 7.2 en la escala de Richter volvió a sacudir a la capital, así como a los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla. Este nuevo movimiento telúrico, aunque afortunadamente parece no haber causado muertes ni lesiones de gravedad, demostró que los capitalinos están lejos de superar las consecuencias del temblor más dañino en los años recientes.
En efecto, además de las comprensibles secuelas sicológicas que muchos ciudadanos padecen a raíz de la traumática experiencia, existen pendientes de índole institucional, los cuales inevitablemente generan dudas sobre la voluntad política de las autoridades para permitir el verdadero restablecimiento de la normalidad. Tales muestras de negligencia son tan graves que varios inmuebles debieron esperar meses sin obtener por lo menos un dictamen de daños y, al menos hasta hace unas semanas, varias escuelas no habían podido reanudar labores, o bien lo hicieron en condiciones denunciadas como inseguras por docen-tes y padres de familia, mientras que hasta hoy no se ha restablecido el tránsito en diversas vialidades. Pero lo más inaceptable de la situación acaso sea el hecho de que muchas víctimas todavía carecen de un techo, así como de cualquier propuesta sensata para recuperar su patrimonio.
En este contexto, los señalamientos de los funcionarios recuerdan la opacidad y la insensibilidad que se han hecho presen-tes en la respuesta del gobierno capitalino tras el sismo del 19 de septiembre. En cuanto a la primera, cabe recordar que la asignación presupuestal a través del órgano legislativo no proviene de procedimientos democráticos y abiertos al escrutinio ciudadano, sino que fue entregada al arbitrio de tres legisladores, los perredistas Leonel Luna Estrada y Mauricio Toledo Gutiérrez, y el panista Jorge Romero Herrera. En lo que respecta a la insensibilidad, ésta quedó patente desde que el endeudamiento bancario se presentó a los damnificados como la única vía para hacerse de una nueva vivienda, y es ratificada con la decisión de ignorar el producto de más de 150 visitas a los puntos críticos de la ciudad.
A punto de que se cumplan cinco me-ses del sismo, queda claro que las autoridades de Ciudad de México tienen un saldo pendiente con los habitantes. Para solventar ese débito y cumplir cabalmente con la legalidad, es imperativo transparentar el uso de los recursos, garantizar que éste responda a las necesidades más sentidas de la población, y dar celeridad a su aplicación en beneficio de los afectados.
