Desde hace seis años en la península de Yucatán hay rechazo al cultivo de transgénicos, que se ha traducido en recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual en noviembre de 2015 determinó dejar insubsistentes el permiso comercial para siembra de soya transgénica otorgada a Monsanto, señaló el Colectivo MaOgm.

En un comunicado, destacó que tras insistir sobre las irregularidades observadas en Campeche e innumerables denuncias de comunidades mayas y organizaciones no gubernamentales, el 17 de septiembre pasado el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) determinó revocar dicho permiso bajo el argumento de que esa empresa ha hecho un manejo no confiable de la tecnología autorizada, puesto que no existe certeza de la efectividad de los contro-les de inventarios de la semilla.

También estableció que la liberación de organismos genéticamente modificados en sitios no autorizados en el permiso y la pérdida del control del material genéticamente modificado es un daño grave o irreversible atribuible a esa trasnacional.

El colectivo recordó que la propia ley señala que la violación de dichos mandatos judiciales implica delitos de carácter federal que ameritarían investigación o sanción. La Procuraduría General de la República, en su cuenta de Twitter, señaló el 28 de diciembre que Introducir, extraer, comerciar, transportar, almacenar o liberar organismos transgénicos en contravención de la normatividad es un #DelitoFederal. Se sanciona hasta con nueve años en prisión.

Comunidades mayas, Greenpeace México e Indignación solicitaron a la PGR que investigue la distribución de semillas, siembra y comercialización ilegal de variedades de soya transgénica en Campeche, en particular en la capital del estado y en el municipio de Hopelchén, en los que no hay autorizaciones.