En Veracruz operó un complejo aparato de poder organizado para cometer crímenes atroces y graves violaciones a derechos humanos.

Por ello, familiares de personas desaparecidas celebraron que ex mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad y ex policías estatales enfrenten procesos penales por la desaparición forzada de personas, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México enfatizó que de concretarse una investigación y un juicio apegado a estándares constitucionales que culminen con la debida sanción de los responsables, se sentaría un importante precedente en la materia a nivel nacional.

Asimismo, demandó que la indagatoria esclarezca las estructuras de macrocriminalidad, y no se reduzca a los autores materiales de las desapariciones forzadas.

Éste es el primer caso, destacó el movimiento, que se juzgará conforme al tipo penal previsto en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda que entró en vigor a mediados de enero de este año.

Para los familiares de personas desaparecidas agrupadas en el Movimiento, esto (la vinculación a proceso de los ex mandos y ex policías) representa un paso importante en la lucha por la justicia, así como en la búsqueda de nuestros seres queridos.

Reconocieron la labor y esfuerzo de la Fiscalía General de Veracruz que ha llevado a que los ex funcionarios estén sujetos a proceso penal judicial, que enfrentarán en prisión preventiva, debido a que se les acusó conforme al tipo penal contenido en la Ley General de Desaparición.

Este proceso apenas comienza y todavía falta que transcurran meses de investigación complementaria y de juicio. Por ello, hacemos un llamado a la Fiscalía General del estado a que se realicen las exhumaciones en los puntos donde exista denuncia de que sepultaron personas desaparecidas y que se continúe este proceso de manera diligente, seria y con estricto apego a la legalidad para garantizar que el caso conduzca a la verdad, a la justicia y a la reparación para las víctimas, indicaron en un pronunciamiento firmado por los más de 50 colectivos que conforman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.