Una juez de control federal vinculó a proceso a José María Guízar Valencia, El Z-43, uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal y líder histórico de la organización de Los Zetas en el sureste del país, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y las fuerzas armadas y contra la salud, en su modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio.

En la continuación de audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Oriente, que duró más de ocho horas, el abogado particular y el defensor público mostraron algunos datos de prueba en favor de su cliente, entre ellos un informe pericial de la Procuraduría General de la República en dactiloscopia, donde los objetos decomisados al imputado no presentan sus huellas dactilares, un video del C2 de la Cámara de Vigilancia y Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México en la colonia Roma Norte. Sin embargo, no fueron suficientes para no vincularlo a proceso.

También presentaron el informe policial homologado hecho por la Marina, el cual señala que al Z-43 lo detuvieron por causalidad, ya que cuando circulaban en una camioneta particular gris por el hotel Marbella, ubicado en la esquina de Frontera, se percataron de que una persona intercambiaba un paquete a cambio de billetes.

Al capturarlo le decomisaron una mochila negra, un arma .45 milímetros con siete cartuchos, un kilo 272.6 gramos al parecer de metanfetaminas repartidas en bolsas de plástico y una cartera con más de 5 mil pesos en efectivo.

Guízar Valencia siguió la audiencia por medio de videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, donde permanecerá recluido.

En la diligencia señaló que fue torturado por elementos de la Marina durante su detención en la capital del país. La juez federal Beatriz Moguel Ancheyta ordenó a la PGR llevar a cabo una investigación al respecto para aplicar el Protocolo de Estambul y determinar si fue víctima de tratos crueles, y cuando tenga los resultados los entregue al juez en turno.

Luego del dictamen, la impartidora de justicia declinó la competencia al Centro de Justicia Penal del Altiplano donde se encuentra el imputado para que continúe con el proceso. Además, concedió a la fiscalía y defensa del acusado dos meses para las investigaciones complementarias. La próxima audiencia será el miércoles 18 de abril.