a reforma energética se ha concretizado en una serie de proyectos extractivos y de infraestructura –entre ellos 13 gasoductos– que han puesto en vilo a los pueblos originarios de diversas regiones del país. Es el caso de los habitantes de la Sierra hidalguense y la Sierra Norte de Puebla, comunidades tepehuas, nahuas, otomíes y totonacas de los municipios de Tenango de Doria y Huehuetla, en el estado de Hidalgo, así como de Honey, Pahuatán y Tlacuilitepec, en el estado de Puebla, quienes se han organizado para emprender un proceso colectivo de defensa del territorio frente a la amenaza que representan el gasoducto Tuxpan-Tula y la fractura hidráulica, así como los proyectos mineros y las hidroeléctricas que se incluyen en el paquete de inversiones impulsado por el gobierno.

La obra consiste en un ducto privado de 36 pulgadas de diámetro para transportar diariamente 886 millones de pies cúbicos de gas natural proveniente de Estados Unidos a lo largo de 263 kilómetros. Con un tiempo de vida útil de 25 a 30 años, el gasoducto afectará a más de 260 mil personas de al menos 459 localidades de 34 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo y el estado de México. No obstante, la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (Sener) únicamente consideró 15 localidades como comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas por el proyecto y, por tanto, como titulares del derecho a la consulta. Lo que excluye a 444 comunidades, que para esta secretaría, según sus criterios, no son indígenas o no resentirán los impactos del gasoducto.

La empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH) ganó en 2015, de forma polémica, la licitación para la construcción y operación del proyecto. La Comisión Federal de Electricidad ya ha favorecido a otras filiales de TransCanada adjudicándoles los gasoductos El Encino-Topolobampo, Tula-Villa de Reyes y Sur de Texas-Tuxpan. En dichos casos se han registrado conflictos sociales y disputas judiciales en torno a la afectación del interés legítimo y los derechos colectivos de pueblos indígenas. Por otro lado, TNGH subcontrató a la empresa Bonatti para llevar a cabo la obra, constructora italiana que al participar en el Proyecto Integral Morelos presionó a los gobiernos de Tlaxcala, Puebla y Morelos para reprimir y criminalizar opositores.

Para lograr sus cometidos, autoridades y empresas han recurrido a todo tipo de mecanismos de persuación y despojo. La propiedad social campesina y la propiedad ancestral de las comunidades, lo mismo que la propiedad privada en las localidades, están siendo acaparadas directamente por la empresa o bien por intermediarios que posteriormente negocian con ella los terrenos. Además del desplazamiento de decenas de familias, las amenazas derivadas de la ejecución del proyecto implican la destrucción de los entornos vitales y la cultura de los pueblos de la región: sus manantiales y fuentes de agua, su bosque mesófilo de montaña, su biodiversidad, sus cerros sagrados y sus caminos de peregrinación. Por si fuera poco, la vida útil del gasoducto supone un riesgo para la población más cercana a su área núcleo, pues tendrán que acostumbrarse al peligro de vivir durante décadas junto al gasoducto, en zonas donde los deslaves e incendios son frecuentes.

En un contexto marcado por la marginación y el hostigamiento continuo por parte de las empresas, las autoridades municipales y los representantes de la Sener, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Procuraduría Agraria, los consejos indígenas de las comunidades decidieron promover diversas demandas de amparo contra cerca de 100 autoridades municipales, estatales y federales –incluidas la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía–, así como tomar medidas en los pueblos tendentes a fortalecer la organización comunitaria y visibilizar el conflicto.

El gasoducto debía comenzar a operar en enero de 2018, sin embargo, después de acalorados debates y del trámite de los recursos respectivos, las comunidades de Cuautepec y San Pablito, en la Sierra Norte, lograron a finales del año pasado que los jueces segundo y tercero de distrito en Puebla ordenaran la suspensión definitiva de la obra, así como de la vigencia de la autorización de impacto ambiental y la evaluación de impacto social. Igualmente, ordenaron la suspensión de los procedimientos de consulta previa irregulares, por lo que la obra no podrá ser concluida al menos hasta que haya cosa juzgada. Asimismo, las comunidades de San Antonio El Grande, San Nicolás, Chila de Juárez, Montellano, Zoyatla, Ahuacatitla, Tlalcruz de Libres, Cuauneutla, Cruzanta, San Andrés y Tlacuilotepec han logrado el reconocimiento judicial de sus autoridades tradicionales, punto de partida de la estrategia jurídica para la defensa de sus territorios.

Además de las batallas en tribunales, las comunidades ven la necesidad de reapropiarse de los espacios públicos en sus municipios y de desarrollar redes de articulación social más amplias que les permitan enfrentar el acoso de empresas y gobiernos. Con conciencia, organización y movilización social estos pueblos trascienden las presentes agresiones hacia un futuro de libertad y justicia.

*Asesor legal del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo