riginalmente, la Procuraduría General de la República (PGR) pretendía que hubiera cuando menos un agente de tiempo completo adentro del departamento de Elba Esther Gordillo en la colonia capitalina Polanco, habilitado como lugar de reclusión domiciliaria de la profesora, cuya edad y condiciones de salud fueron la base de las diligencias judiciales que impulsó hasta recibir ese beneficio constitucional. El objetivo policiaco era evitar que la ex dirigente sindical se fugara y, además, que hubiera control sobre visitas, comunicaciones y cualquier otra forma de interacción.

Luego que la justicia federal rechazó esa intromisión directa en el domicilio de la procesada, se mantuvo a un agente federal en el rellano más cercano a la entrada del departamento. Ese policía hacía que cada visitante anotara su nombre y ocupación. No solo había familiares y personal de apoyo administrativo y jurídico; también algunos personajes con perfil político lograron asomarse al domicilio en cuestión.

Ayer, la PGR, es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto, logró que el mismo juez que había cerrado el paso al control global policiaco autorizara la reinstalación de parte de las medidas originales. No está de más señalar que entre una y otra de las decisiones del juez Alejandro Caballero Vértiz se produjeron dos hechos políticos adversos para el gobierno federal: la confirmación del apoyo político y electoral del grupo de seguidores de Gordillo hacia Andrés Manuel López Obrador (con las Redes Sociales Progresistas como forma de organización y una asamblea masiva en Zacatecas como confirmación) y la guerra jurídica y política del elbismo contra Juan Díaz de la Torre, el dirigente que el peñismo instaló, sin cuidado de las formas legales, como relevo de Gordillo cuando esta fue apresada, en febrero de 2013. En ese frente contra Díaz de la Torre, por si faltaran ingredientes que molestaran a la administración Peña, coinciden ahora los elbistas y parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, merced a acuerdos básicos, logrados en encuentros privados.

La historia sindical de Gordillo, llegada al poder mediante la misma imposición desde Los Pinos que ahora combate, ampliamente beneficiada en el terreno económico gracias al manejo de las cuentas sindicales, cacica implacable, no puede nublar, sin embargo, la visión respecto a este golpe político determinado por el Poder Ejecutivo federal y validado por el Judicial: a Elba Esther le están aplicando una mordaza (el término fue usado ayer en un boletín de prensa difundido por el equipo de Gordillo) por razonamientos jurídicos (aún está sujeta a un proceso judicial) pero, sobre todo, por motivos políticos: se busca frenar la presunta autoría intelectual de dos movilizaciones: la adhesión de un grupo ciudadano a determinado candidato presidencial y la lucha sindical contra un dirigente al que consideran ilegítimo.

La propia solicitud de la PGR reconoce la valoración política como principal motivación, pues el uso desmedido de los medios de comunicación que (Gordillo) tiene a su alcance, evidentemente, podrían desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano, por tanto resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicaciones.

Ayer, en Baja California Sur, se accidentó un vehículo en el que se transportaban María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, aspirante a una candidatura presidencial independiente y varios de los activistas y miembros del Concejo Indígena de Gobierno que la apoyan. Marichuy y una concejal sufrieron lesiones, una persona murió y otra está en estado de salud muy grave, según el primer reporte oficial del caso.

La volátil situación social del país requiere seguridad en el desplazamiento de los aspirantes presidenciales, para evitar que accidentes como este generen especulaciones o añadan marcos de riesgo a la de por sí muy peligrosa aventura de viajar por las carreteras mexicanas.

En un contexto más bien deseoso de acentuar su oposicionismo táctico, el panista Ricardo Anaya Cortés lanzó reflectores mediáticos sobre el seguimiento habitual que realizan agentes de diversas corporaciones gubernamentales, en este caso, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a actores políticos y sociales en sus actos públicos, movilizaciones e incluso en asuntos pertenecientes al ámbito de lo privado.

Es, desde luego, reprobable que los recursos públicos sean utilizados para tareas de espionaje y de acoso a opositores reales e incluso de agravios físicos de diversa índole. La historia de la izquierda social está cargada de expedientes de represión a partir de acciones de la policía política. Pero Anaya Cortés no es de ninguna manera un opositor genuino, ni su candidatura presidencial significa un reto o un peligro para el sistema, sino todo lo contrario, convertido como está el joven queretano en la opción B del sistema, con personajes detrás como Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos.

Indispensable es, desde luego, revisar las formas de operación del Cisen y darles una visión de Estado, cancelando su uso como instrumento de intromisiones y venganzas por parte de camarillas (el director actual es Alberto Bazbaz, el procurador mexiquense de justicia que avaló o fabricó la versión de la niña Paulette encontrada en un resquicio de su cama). Ya el propio candidato presidencial puntero, Andrés Manuel López Obrador (quien sí ha sufrido un sistemático espionaje a lo largo de años) ha hablado de suprimir ese tipo de servicios, lo cual es impensable en cualquier Estado moderno, no así su rediseño, que podría incluir un cambio de denominación. Pero en ese contexto resulta una exageración, un oportunismo desmedido, que el citado Anaya Cortés pretenda adjudicarse la etiqueta de perseguido político, de opositor al sistema.

Y, mientras el Consejo de la Judicatura ha anulado un concurso para designación de jueces federales al constatar que hubo indicios de venta de las preguntas a responder en esos exámenes, ¡hasta mañana!

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