Chihuahua, Chih.

Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), acusado por el gobierno del panista Javier Corral Jurado de peculado por 7 millones de pesos, obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación que lo restituye como magistrado al frente de la cuarta sala de lo familiar, cargo del que fue suspendido en diciembre pasado por el Consejo de la Judicatura.

El amparo, publicado ayer, permitirá a Sepúlveda Reyes defenderse desde la magistratura.

El funcionario ha sido investigado desde 2015 por su presunta participación en corruptelas cometidas durante el sexenio del ex mandatario priísta César Duarte Jáquez, entre ellos la simulación de contratos para la compra de sistemas informáticos y software, además de desvío de recursos.

Se espera que este jueves sea restituido en su cargo, con lo que el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, controlado ahora por simpatizantes del Partido Acción Nacional y del gobernador, sufre un revés.

El pasado 7 de diciembre, cuando el Consejo de la Judicatura suspendió a Sepúlveda Reyes, aplicó la misma medida al togado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, ambos acusados del desvío de 7 millones de pesos en 2015.

Ese día el presidente del TSJE, Julio César Jiménez Castro, dijo que se tomó esa decisión para no entorpecer la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra los magistrados, cercanos colaboradores del ex gobernador Duarte Jáquez, aún prófugo.

Paralelamente, el Consejo de la Judicatura interpuso una denuncia de hechos ante la FGE después de que la contraloría interna del Poder Judicial detectó irregularidades en la compra de una bóveda de almacenamiento digital cuando Sepúlveda Reyes era presidente del TSJE y Jorge Abraham Ramírez fungía de secretario ejecutivo del Centro Estatal para la Implementación del Sistema Penal.

En tanto, Julio César Jiménez Castro, presidente del TSJE, precisó que la FGE investiga la actuación de jueces locales y ha solicitado copias de varias sentencias para detectar probables delitos en las resoluciones y dar vista al Ministerio Público, proceso que calificó de frecuente y normal.

Aclaró que la entrega de copias de las resoluciones al MP se realiza conforme a la ley. Aceptó que la FGE no puede calificar los criterios de un juez, pero sí verificar que el proceso se haya llevado a cabo correctamente.

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local denunció que se trata de una intromisión de la FGE en el Poder Judicial, pues el gobernador promueve la suspensión de jueces locales utilizando al Consejo de la Judicatura –instalado en junio del año pasado–, cuya integración fue resultado de una reforma a la Constitución local propuesta por Javier Corral.

Según el presidente del tribunal, no existe intromisión del gobierno estatal, y garantizó que todas las decisiones se tomarán con base en el reglamento del Poder Judicial.