Con lentitud avanzan los trabajos legislativos en el Senado. El coordinador priísta Emilio Gamboa Patrón dijo que hay la mejor voluntad para llegar a acuerdos con la oposición y sacar los temas más relevantes, como el nombramiento del fiscal anticorrupción.

PT y Morena advirtieron que hay peligro de que no se apruebe la ley de propaganda gubernamental y caer en desacato a una resolución de la Suprema Corte, con el riesgo de sanciones penales a los legisladores.

Gamboa Patrón, sin embargo, sostuvo que se pueden tener consensos y pidió a las demás fuerzas políticas hacer llegar sus propuestas. Dijo que buscaría reunirse con PAN, PT Morena y PRD para trabajar y sacar adelante los temas del fiscal general y el anticorrupción.

En conferencia por separado, el vicecoordinador político de PT-Morena, Zoé Robledo, explicó que la Suprema Corte ordenó a ambas cámaras del Congreso aprobar esa ley de propaganda gubernamental –pendiente desde hace ocho años– antes del 30 de abril, cuando concluye el periodo ordinario, pero su desahogo está atorado en la Junta de Coordinación Política del Senado.

Si la Cámara alta desacata la resolución de la Corte, habrá sanciones, y el dilema es, dijo, si pedirían la destitución del presidente de esa cámara o de todos los legisladores.

Destacó que se trata de un hecho inédito, pero hay varios criterios. Me preocupa que pudiera ser en contra incluso de los presidentes de las comisiones dictaminadoras, dependiendo en qué parte del proceso nos quedemos. Agregó que el Código Penal establece sanciones penales por violar un amparo y eso significa que los 628 legisladores podríamos ir a prisión entre cinco y 10 años.

Robledo, quien es presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, resaltó que parte del problema es que la Comisión de Gobernación, que lleva el proceso de dictamen, está sin presidenta, luego de que la priísta Cristina Díaz pidió licencia.

No es un proceso rápido, señaló, muchas voces de la sociedad civil demandan realizar foros, escuchar a expertos antes de dictaminar y aprobar ante el pleno esa ley, que debe luego pasar a la Cámara de Diputados. El riesgo de desacato a la Corte, agregó, está presente.

Insistió en que la Junta de Coordinación Política debe reunirse para nombrar a los presidentes de comisiones que quedaron sin titular –luego de que éstos pidieron licencia para buscar otros cargos– y se pueda avanzar en el tema de la ley de propaganda gubernamental y en los demás pendientes.

En la sesión se incorporaron a sus cargos cinco senadores del PRI que habían pedido licencia para competir por diputaciones: Graciela Ortiz, Ricardo Urzúa, Óscar Román Rosas, Marcela Guerra y Anabel Acosta, quienes, una vez cubierto el requisito que les imponen los estatutos de su partido, de pedir dos semanas de licencia, podrán regresar al Senado y seguir con sus campañas electorales para pasar a San Lázaro en septiembre.