Buenos Aires.

Uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente argentino, Mauricio Macri, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue accionario de dos empresas offshore para administrar una millonaria suma de dólares en paraísos fiscales, lo que se convirtió en un nuevo escándalo para el gobierno.

Sin que se haya aclarado judicialmente la situación del propio mandatario, quien figura en las listas reveladas de los llamados Papeles de Panamá, que se conocieron en abril de 2016, donde aparecía como titular de varias empresas offshore preparadas para lavar activos en paraísos fiscales, lo que está detenido en juzgados hace tiempo, el caso de Luis Caputo surge de una investigación sacada a la luz pública por el diario Perfil.

El funcionario fue, entre agosto de 2009 y julio de 2015, el principal accionista de la sociedad Princess International Group, radicada en Islas Caimán. Tenía más de 75 por ciento de las acciones pero Caputo omitió consignar esa información en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) al ingresar a la función pública en diciembre de 2015, cuando debía comunicar sus bienes y acciones del período fiscal 2014, indica Perfil.

También volvió a ocultar la información en 2016, cuando debió informar su patrimonio correspondiente al inicio de 2015. La omisión de este tipo de datos es un delito y puede ser penada con hasta dos años de prisión, advierte el periódico.

Se menciona que la participación de Caputo “en Princess International Group no era solamente accionaria ya que a través de esta compañía, el ministro era el dueño entre 50 y 74 por ciento de otra offshore: Affinis Partners II, también radicada en Caimán y dueña de Noctua, la gerenciadora de fondos de inversión radicada en Delaware y Miami”.

Derechos Humanos

La muerte de un joven cadete Emanuel Garay, de la policía de la provincia de La Rioja, quien falleció por la brutalidad de un entrenamiento, a lo que se añadieron otros 14 de sus compañeros, entre ellos mujeres, que debieron ser internados por el mismo maltrato, dos de los cuales están aún graves, abrió las puertas a un horror que parecía haberse superado.

Los jóvenes fueron obligados en su primer día de clases a entrenarse durante horas bajo casi 50 grados de calor, sin permitirles tomar agua. Emanuel cayó y el sargento a cargo prohibió que se le ayudara sosteniendo que si tiene que morir que se muera. Y eso fue lo que sucedió poco tiempo después, mientras otros jóvenes fueron cayendo, ante lo cual eran golpeados.

Así se descubrió no sólo esto sino los maltratos permanentes, como obligarlos a arrastrarse sobre el asfalto caliente, produciendo quemaduras, a hombres y mujeres, además de otras torturas. El gobierno de La Rioja dispuso de inmediato despedir a toda la cúpula de la Policía y a los responsables directos y el inicio de un juicio por homicidio. Sin embargo, esto trajo como resultado que la sociedad se enterara de lo que sucede en otros lugares del país y en los entrenamientos brutales, como ha denunciado también un integrante del grupo de elite los halcones.

Esto sucede cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quiere imponer un protocolo para dar vía libre a las fuerzas de seguridad para actuar sin consultas previas, después que Macri recibió a un policía que mató a un ladrón por la espalda, cuando huía, como recientemente un prefecto mató en el sur al joven mapuche Rafael Nahuel.

Macri recibió y felicitó al policía causando una ola de protestas y desde el gobierno el asesor presidencial, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, advertía que la mayoría de la gente quería que se matara a los delincuentes y estaba en favor de la pena de muerte, todo esto prohibido en el país, donde se ha dado una de las luchas más fuertes por los derechos humanos.

Se agrava aún más la situación con las disposiciones de que en la Patagonia actuarán fuerzas conjuntas supuestamente para reprimir terroristas mapuches, que en realidad no existen.

Coincidiendo con esas medidas llegan los anuncios de los acuerdos firmados con la agencia antidrogas estadunidense, DEA, y otros organismos de Seguridad en Estados Unidos Unidos, por la ministra Bullrich y el ministro de Defensa Oscar Aguad.

Ante esta situación el llamado Manifiesto Argentino, integrado por intelectuales y personalidades entre ellos el escritor Mempo Giardinelli, expresa su alarma y rechaza una vez más, con todo énfasis, esta nueva forma de ocupación del territorio argentino ante los anuncios de que Estados Unidos instalará una task force (fuerza de intervención) en el nordeste argentino y en particular en la provincia de Misiones, con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico y el terrorismo.

Señalan que todas las formas de ocupación y extranjerización del territorio nacional son repudiables, constitucionalmente inadmisibles, y condenables política y moralmente, recordando que así como el Manifiesto Argentino ha denunciado y rechazado las extranjerizaciones en la Patagonia y otras regiones, por parte de personas o empresas, ahora rechaza absolutamente esta inadmisible ocupación militar-policial de hecho.

Jamás en más de dos siglos de vida independiente nuestro país ha asistido a genuflexiones semejantes. Jamás gobierno alguno tomó tantas y tan violentas decisiones inconstitucionales y antidemocráticas, señala el Manifiesto y denuncian además que estas medidas claudicantes y las políticas que so pretexto de combatir el terrorismo y el narcotráfico se instalan bases militares en países a los que después someten para saquear sus recursos, incluso generando conflictos que provocan destrucción y muerte de ciudadanos.