Londres.

El escándalo sexual continúa en la organización humanitaria británica Oxfam tras conocerse este martes nuevas denuncias de acoso y encubrimiento en Sudán del Sur. En tanto, el presidente de Haití, Jovenel Moise, calificó de indigno y deshonesto el comportamiento de algunos de sus empleados en su país en 2011.

Las últimas revelaciones de Helen Evans –ex directora de prevención interna de Oxfam entre 2012 y 2015– a la cadena de televisión pública británica Channel 4 fueron respecto a la presunta existencia de una cultura de abusos sexuales en ciertas oficinas, en particular intentos o violaciones consumadas en Sudán del Sur, sumado a ataques contra voluntarios menores de edad en tiendas de la ONG en Reino Unido.

Estas acusaciones surgieron luego de que se dio a conocer la contratación de prostitutas y la comisión de abusos sexuales por algunos agentes de Oxfam en Chad y Haití; una investigación interna del organismo sobre 120 personas (entre 11 y 14 por ciento del personal) realizada de 2013 a 2014 en tres países reveló que fueron testigos o víctimas de agresiones sexuales.

El director general de Oxfam, Mark Goldring, dijo que no había nada que agregar a las declaraciones de Evans y se disculpó ante Channel 4 por no actuar con suficiente rapidez en el caso, pero descartó abandonar su cargo, salvo si se lo pide el consejo de administración.

Apenas el lunes renunció la directora adjunta Penny Lawrence, tras asumir la responsabilidad por el escándalo.

El mandatario haitiano también denunció el escándalo sexual de Oxfam en su país: es una violación extremadamente grave a la dignidad humana.

Las acusaciones de Puerto Príncipe se suman a las críticas que recibió la ONG una vez que el diario Times of London reveló la semana pasada que algunos de sus empleados pagaron por sexo a personas afectadas por el sismo de 2010 en Haití.

No hay nada más vergonzoso que un depredador sexual aprovechando el velo de la catástrofe, denunció Moise. Estas revelaciones causaron indignación en Gran Bretaña, donde Oxfam recibió unos 35.7 millones de euros del gobierno en 2017.