Familiares del activista y defensor de los derechos humanos Mariano Abarca Roblero, asesinado en noviembre de 2009 en Chiapas, presentaron una denuncia ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC), en la que hablan de la probable responsabilidad en ese crimen de la embajada de ese país en México.

En conferencia, Luis Abarca Montejo, hijo del activista, acompañado por representantes de las organizaciones mexicanas Otros Mundos y Red Mexicana de Afectados por la Minería, y la Mining Watch, dio a conocer su postura.

En la denuncia, de carácter administrativo y que se presentó el 5 de febrero, se solicita a esa instancia canadiense que investigue las acciones y omisiones de la representación diplomática de esa nación sobre el asesinato del defensor de derechos humanos, quien encabezó un movimiento de oposición a las actividades e impactos causados por la minera Blackfire Exploration.

En el documento, Abarca remarcó que la embajada de Canadá no sólo conoció de las amenazas contra su padre, sino que tomó partido en favor de la minera, al solicitar a las autoridades chiapanecas que contuvieran las protestas.

Detalló que en 2008 su padre, junto con otros activistas de Chicomuselo, Chiapas, comenzó una lucha para evitar que la empresa contaminara el agua y la tierra por la explotación de barita. Su lucha la desarrolló bajo amenazas y ataques que recibió tanto él como mi familia, incluyendo los golpes que a ambos nos propinaron trabajadores de la empresa en 2008. En agosto de 2009, Mariano fue detenido durante ocho días por acusaciones falsas, interpuestas por un representante de la empresa Blackfire, y posteriormente fue asesinado el 27 de noviembre de 2009.

Señaló que a través de documentación obtenida bajo la Ley de Transparencia de Canadá, pudieron constatar que durante todo este proceso la representación diplomática tuvo información sobre los riesgos que su padre enfrentaba y pese a eso se omitió hacer algo para evitar el crimen y se puso de lado de la empresa al demandar que las protestas fueran contenidas.

Abarca Montejo enfatizó la importancia de denunciar el rol que desde hace algunos años ha jugado la diplomacia de Canadá ante a los delitos generados por las empresas mineras de su país. Junto a quienes presentaron la demanda, confió enque el CIAPC genere una alerta sobre la forma de actuación de los promotores de la minería canadiense en México y en América Latina.