La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ha tenido logros importantes a partir del reforzamiento de sus capacidades en agosto del año pasado, entre ellos la obtención de órdenes de aprehensión en cinco casos de homicidio, 11 investigaciones con medidas de control judicial y una indagación sobre grupos de acoso cibernético que amenazan a periodistas, señaló Ricardo Sanchez Pérez del Pozo.

En entrevista con La Jornada, el fiscal reveló que entre los retos que enfrenta el órgano a su cargo se encuentran obtener la cooperación de las autoridades locales en las investigaciones y generar mayor sensibilidad de los jueces para atender estos casos.

Sánchez Pérez del Pozo estudió derecho y tiene maestría en derecho internacional y derechos humanos por la Universidad de Northwestern en Chicago. Ha fungido de director general de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde mayo de 2017 está al frente de la Feadle y uno de los primeros casos que le tocó atender fue el de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, asesinado seis días después de que asumió el cargo. En la actualidad da seguimiento a un asesinato cometido en enero de este año, 11 indagatorias abiertas en 2017, cinco correspondientes a 2016 y una de 2015.

–¿Cuáles son los retos que tiene la Feadle?

–El año pasado tuvimos un repunte en crímenes de alto impacto contra periodistas, especialmente aquellos relacionados con homicidios, y eso generó una reacción del gobierno federal. En mayo el Presidente de la República convocó a los gobernadores para reforzar las acciones y replantear la estrategia para atender este tema. A partir de ahí hemos tenido algunos buenos resultados y retos importantes.

“Destacaría como retos la cooperación con las entidades federativas en su gran mayoría, ya que 98 por ciento de los delitos son del fuero común, pues se trata de amenazas, robo, lesiones y los mismos homicidios. En la Feadle 44 por ciento de los delitos (atendidos) son amenazas.

“Por ello, la cooperación entre la fiscalía y las autoridades estatales es de suma importancia, ya que para atender un caso el personal de la Feadle tiene que trasladarse, mientras las autoridades locales son las primeras en llegar a la escena del crimen, los primeros que pueden identificar testigos en el lugar de los hechos, quienes pueden detectar cámaras que permitan identificar rutas de escape. Todos esos son elementos esenciales para una investigación a corto, mediano y largo plazos, porque a partir de ahí se generan las líneas de investigación.

“Se requiere tener buena colaboración entre Federación y entidades federativas y que las autoridades locales asuman su corresponsabilidad con el proceso investigativo, y que no suceda lo que ha ocurrido con muchos casos, en los que llega un periodista a la autoridad local y éstas declinan la responsabilidad a la autoridad federal, sin haber llevado a cabo ningún acto o investigación inicial y cuando llegan aquí ya pasó una semana.

“Por ello actualmente estamos trabajando en la creación de un protocolo para los delitos cometidos contra la libertad de expresión. Se busca que sea un mecanismo de aplicación homologada, es decir, que sea el mismo para todas la procuradurías del país.

Este documento se está trabajando con la sociedad civil, organismos internacionales como Naciones Unidas y con el gremio periodístico. Con ello se establecerán los protocolos de cómo investigar los delitos de esta naturaleza, cómo enfocarnos en los periodistas que fueron víctimas de un delito, cómo analizar su trabajo, no sólo incorporando algunas notas que escribió, sino estudiando y analizando qué realizaba desde una perspectiva de investigación.

–Entiendo que han creado un grupo especial de análisis…

–Así es, se trata de una unidad de análisis de contexto que, además de vincularlo con las líneas de investigación, nos ha funcionado para la integración de material probatorio ante jueces. Estamos capacitando a los analistas de información y nos ha sido muy útil para la indagación de delitos de alto impacto.

–¿Cómo ha sido el proceso con los jueces?

–Hay una realidad; los jueces tienen que adaptarse para juzgar este tipo de delitos, ya que ellos normalmente son ajenos a estas conductas y normalmente un juez federal no va a conocer de un delito de amenazas porque no está en su bagaje que pueda tratarse de un caso federal.

“Los jueces federales tendrán que irse acostumbrando cada vez más e ir admitiendo su responsabilidad en este proceso de abatir la impunidad de los ataques a la prensa, y entender que esto va más allá de una simple amenaza cuando se hace a un periodista, ya que se hace en contra de la labor que está ejerciendo.

“Deben asumir su responsabilidad en estos casos, así como lo está haciendo la fiscalía, al llevar casos bien construidos y empezar a ver el nuevo contexto en el que se desarrolla la actividad periodística, ya que no es la misma de hace unos años, sobre todo con las nuevas tecnologías de la información.

“Hemos tenido criterios en los cuales jueces federales nos dicen: ‘la persona estaba escribiendo en Facebook, no es una pagina oficial, no hay competencia’, cuando los nuevos estándares internacionales nos permiten señalar que muchos periodistas realizan su labor en Facebook y Twitter, y allí hemos descubierto grupos de ciberbullying contra periodistas, y desde allí se generan amenazas contra los informadores”.