Buenos Aires.

La ministra argentna de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció desde Estados Unidos un acuerdo para instalar una fuerza de tarea de la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, en la provincia de Misiones en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico y el terrorismo.

Nos pedían que nosotros mandemos la droga a Estados Unidos para que ellos (los funcionarios de la DEA) pudieran analizar de dónde venía, pero esto sería un incordio porque nos obligaba a pedirle a cada juez que autorizara la salida del material incautado. Entonces, es mejor que nos envíen la tecnología a Argentina, nos formen a la gente, y nosotros analizamos las sustancias, justificó la ministra con un argumento evidentemente dudoso.

Bullrich mantuvo una reunión con el director de la DEA, Robert Patterson, con quien profundizamos el trabajo en equipo para seguir combatiendo al narcotráfico añadió.

En este caso se suma este nuevo contingente a un grupo similar que opera en Salta, gobernada por el peronista cercano a Cambiemos, Juan Manuel Urtubey, de lo cual no se tenía información real, sólo sospechas y denuncias sueltas. También se reunió Bullrich con funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), cuya sede visitó y la agencia de Seguridad Interior.

Estados Unidos está logrando su viejo proyecto de instalarse en la Triple Frontera, bajo la falsa teoría, de combatir a Hezbolá lo que a todas luces es un disparate, como plantean expertos locales, que advierten que esa fuerza libanesa no sale de sus fronteras y menos aún cuando Líbano está bajo graves amenazas.

Oganizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, denunciaron el incremento de la presencia militar estadunidense en América Latina y el Caribe, y mencionaron que este domingo un contingente del Comando Sur llegó a Tumaco, Colombia, donde sostuvieron un encuentro con el ejército de ese país suramericano, advirtiendo sobre la gravedad de esta situación, que amenaza a Venezuela y a la región.

Ante la desaparición del submarino ARA San Juan, en noviembre del año pasado, en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo, estas organizaciones denunciaron que un acuerdo firmado en 1995 para establecer una base de control de explosiones nucleares en Tolhuin, Tierra del Fuego, estaba vigente y que ahora está en ejecución, al comprobar que un buque y aviones de la NASA estaban en Usuhaia el 31 de octubre del año pasado y habían llegado militares y científicos, para reunirse en ese lugar.

También la desaparición del ARA San Juan se produjo en el marco de maniobras de Gran Bretaña, que tiene una base militar en el archipiélago de las Islas Malvinas, Estados Unidos, Chile y evidentemente Argentina, en esa zona, aunque la Cámara de Diputados no había autorizado al Ejecutivo realizar esos ejercicios.

Asimismo ese 31 de octubre pasado la ministra Patricia Bullrich, acompañada de funcionarios de seguridad y Defensa firmó el acuerdo para crear un Centro de Inteligencia Regional en Usuhaia , capital de Tierra del Fuego, considerado por expertos en el tema como el esquema inicial de otra base estadunidense en el lugar, que estaban negociando con el gobierno de Mauricio Macri.

Antecedentes para las Fuerzas de Despliegue Rápido

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien también viajó a Estados Unidos se reunió junto con Bullrich con autoridades del Comando Sur después del anuncio de este funcionario el jueves pasado de que se conformaría una Fuerzas de Despliegue Rápido (FDR), formada por las tres Fuerzas Armadas, lo que causó revuelo en todo el país.

El analista Claudio Mardones, del periódico Tiempo Argentino, sostiene que en Defensa las fuentes consultadas intentaron disminuir la dimensión de las futuras FDR y redujeron su alcance a una cuestión logística, pero organismos del gobierno estadunidense demuestran lo contrario.

En este caso hace referencia que parte de la hoja de ese intercambio está en el cumplimiento del Diálogo de Alto Nivel (DAN) firmado entre el entonces secretario de Estado, John Kerry, y la ex canciller Susana Malcorra, que habilitó la creación de "centros de fusión de inteligencia" entre las fuerzas armadas y de seguridad argentinas y oficiales de la DEA, de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y de miembros del Comando Sur conducido por Kurt W. Tidd, el mismo que recibió este viernes en Miami a Aguad y a Bullrich.

También menciona el Acuerdo de Cooperación del gobierno de Macri y la Guardia Nacional del Estado de Georgia a través de la firma de un programa especial y aunque en Defensa niegan que ese programa esté en funcionamiento, el anuario oficial de la Guardia Nacional de ese estado confirmó que el mecanismo de cooperación comenzó el año pasado.

Un oficial de esa fuerza ya detalló el avance del intercambio, el 25 de mayo de 2017, señala Mardones y cita a la mayor Ileana O'Shea, quien se refirió al acuerdo diciendo que era una oportunidad única de asociarme con el ejército argentino mientras trabajo en conjunto con los miembros activos de EEUU y de nuestra embajada, que pudo alojar “a varios representantes argentinos durante el reciente ejercicio Vigilant Guard de la Guardia Nacional de Georgia”.

La información fue publicada por el sistema de prensa de ese organismo militar y lleva la firma de la sargento Regina Young e incluye las fotos de los oficiales que envió Bari del Valle Sosa, el actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas para avanzar con la cooperación parte del diseño de las nuevas FDR que anunció Aguad, señala Mardones.

Por su parte, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, recordó que hace tiempo viene advirtiendo que el país está ante el peligroso regreso a la Doctrina de Seguridad Nacional, desde que Macri autorizó el derribo de aviones, mediante un decreto, y la capacitación a las Fuerzas Armadas en acciones directamente vinculadas con la Seguridad Interior.

Carmona sostiene que las iniciativas actuales son absolutamente ilegales y violan la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa, además de servir a las políticas de seguridad promovidas por Estados Unidos en el mundo y en especial en América Latina, políticas que han resultado nefastas en países como México y Colombia, generando corrupción y una escalada permanente de la violencia.