La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que en el caso de Marco Antonio Sánchez Flores debe aplicarse la nueva Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición entre Particulares, al coincidir en ese sentido con las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a la familia del estudiante de la Preparatoria número 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En una teleconferencia que tuvo con sus padres, el día 8, la relatora sobre los derechos de la niñez de la CIDH, Esmeralda Arosemena, informó que se dará seguimiento puntual al caso y será parte de las medidas de protección internacional en favor del adolescente de 17 años y de su familia, solicitadas por las organizaciones defensoras.

La también coordinadora del Mecanismo de Seguimiento del Caso Ayotzinapa expresó su sorpresa con el Estado mexicano, por la forma en que se ha llevado el caso, cuando cuenta con uno de los sistemas nacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes más progresistas del mundo.

De acuerdo con la información divulgada por la Red por los Derechos de la Infancia y Familiares, señaló que las autoridades de la Ciudad de México están obligadas a materializar el sistema no sólo en leyes, sino en la práctica, pues el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, es el presidente del mismo.

Comentó que la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez presentará en breve un informe acerca de la situación de los sistemas nacionales, donde el caso de Marco Antonio será fundamental para analizar la actuación de México, dado su marco legal progresista, pero también ante los obstáculos que ha enfrentado su familia para exigir justicia.

El padre del joven y abogadas que acompañan el caso denunciaron los persistentes obstáculos impuestos por la administración capitalina, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, para que acceda a la justicia tras ser detenido de forma arbitraria, golpeado y probablemente desaparecido y torturado por policías.

Tras saber que las y los responsables siguen impunes, mostró sorpresa y señaló que México debe garantizar los derechos humanos de Marco Antonio.

En tanto, las organizaciones que acompañan a la familia exigieron una vez más a las autoridades locales una investigación rigurosa por desaparición forzada, así como la aplicación de la ley a las y los funcionarios que perpetraron este caso y para quienes en los hechos han permitido que los responsables se mantengan impunes.