La organización de derechos humanos ProDesc interpuso un amparo en contra de la Ley Seguridad Interior (LSI), con el argumento de que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no sólo es riesgosa para la población en general, sino que además afecta en particular a las mujeres, quienes son más vulnerables ante los agravios cometidos por militares.

En entrevista con La Jornada, Norma Cacho, coordinadora del área de procesos organizativos de ProDesc, indicó que el pasado 6 de febrero el colectivo interpuso un amparo contra la LSI ante el juzgado decimocuarto de distrito de Ciudad de México, el cual solicitó más información sobre los motivos de su solicitud, antes de aceptarla de manera formal.

En primer lugar, puntualizó, la norma aprobada en diciembre del año pasado es la continuación de un proceso iniciado en 2006 con la declaratoria de la llamada guerra contra el crimen organizado, en el cual las fuerzas armadas han asumido labores para las cuales no están facultadas.

Lo riesgoso es que (la LSI) pone mucho acento en la posibilidad de una actuación irregular por parte de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Ya venía sucediendo en los años pasados, pero ahora se les da mucha mayor certeza y poderes amplios para hacer acciones preventivas e intervenir en casos de conflictos, y ahí entra cualquier acción de defensa de los territorios por parte de comunidades, indicó.

Dentro de este escenario, de por sí preocupante, en nuestro trabajo de muchos años hemos corroborado cómo, en escenarios de intervención militar, las mujeres son sometidas a violencias particulares. Las agresiones, torturas y mecanismos de coerción son diferenciados, con un contenido mucho más de carácter sexual.

Algunos ejemplos de ello, recordó Cacho, son los casos de las mujeres víctimas de tortura sexual por parte de la policía en San Salvador Atenco, en 2006; el de la anciana indígena Ernestina Ascencio, agredida sexualmente por militares en 2007; las trabajadoras sexuales violadas por soldados en Castaños, Coahuila, en 2006, y los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, también agredidas sexualmente por elementos castrenses en 2002.

En escenarios de conflicto armado, además, se exacerba la prostitución, la trata, las agresiones sexuales y los asesinatos de mujeres, indicó.