a noche del 30 de enero de 2010, un grupo de hombres y mujeres jóvenes, la mayoría estudiantes, celebraban una fiesta de cumpleaños en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la última hora del día, un comando armado irrumpió en la casa donde se realizaba el festejo, descargando sus armas contra quienes ahí estaban. El saldo fue de 15 personas asesinadas y 10 más heridas, la mayoría de ellas menores de 25 años.

Unos días después, mientras se encontraba de gira por Japón, Felipe Calderón, entonces presidente de México, dijo que los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar eran integrantes de una pandilla. El discurso criminalizador y revictimizante que marcó todo su sexenio, nuevamente quedaba evidenciado; mediáticamente, las víctimas se convertían en victimarios y en responsables de su propia tragedia.

El asesinato y la desaparición de jóvenes en México es un hecho sistemático y recurrente en la guerra capitalista, como bien la ha definido el Concejo Indígena de Gobierno (CIG). Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2006 a 2016 se registraron 220 mil 459 asesinatos, de los cuales 81 mil 928 correspondieron a personas de entre 15 y 29 años. Por su parte, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta a 33 mil 463 personas en esta condición entre 2007 y 2017, de las cuales 13 mil 566 tienen entre 15 y 29 años.

Desde luego, estos datos apenas son un reflejo parcial de nuestra terrible realidad. En noviembre de 2014, el Tribunal Permanente de los Pueblos incluyó en sus audiencias para México una relacionada con la Destrucción de la juventud y generaciones futuras. Luego de escuchar 74 historias y casos graves de violaciones de derechos humanos, el organismo manifestó que el concepto de juvenicidio cumple con la función de llamar la atención sobre la dimensión del horror que se concentra en los jóvenes, y que su carácter generalizado, y no ocasional en muy diferentes sectores sociales, comunitarios o étnicos quedó demostrado en su audiencia.

El juvenicidio se manifiesta de distintas formas. El asesinato de miles de jóvenes es sólo el final de una serie de violencias estructurales, mismas que se traducen en la negación de las condiciones materiales para la reproducción de la vida de este sector de la sociedad. La falta de acceso a la educación, a la salud y a empleos dignos, son algunas de ellas. Por ello, no es casual que el crimen organizado sea, en algunas regiones del país, la principal fuente de empleo e instrumento de movilidad social.

Hoy muchos jóvenes prefieren vivir poco tiempo y ganar bien. Trabajar para al crimen organizado es una forma de obtener ingresos, distinción social, poder y acceso. No importa que la muerte aceche todos los días, en muchas ocasiones simplemente no existe alternativa.

Pero en la guerra capitalista la muerte no sólo tiene edad, también tiene género. La realidad en que viven, la incertidumbre y el miedo de no regresar a casa es el precio que se paga por ser mujer en México.

Los feminicidios de Lesvy Berlín Osorio y de Victoria Salas dan muestra de la realidad de casi ocho mujeres por día, de acuerdo con el informe La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016. Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio reveló que tan sólo entre enero de 2014 y junio de 2016 se registraron 10 mil 157 mujeres víctimas de desaparición.

A pesar de esta realidad y de las cifras registradas, las autoridades mexicanas se niegan a nombrar y tratar estos casos por lo que son: feminicidios, la expresión más grave de la violencia hacia las mujeres. El fenómeno ha escalado de tal manera que bien podríamos utilizar el concepto Femigenocidio, propuesto por la antropóloga Rita L. Segato para referirse a los crímenes sistémicos e impersonales que tienen por objetivo específico la destrucción de las mujeres (y los hombres feminizados), únicamente por ser mujeres.

En su paso por Ciudad Juárez, María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, expresó: lo que hemos analizado nosotros, desde los pueblos indígenas, es que la guerra capitalista va contra todos: mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y ancianos; es decir, contra todos los de abajo. Así, con la sabiduría de los pueblos y enriquecida con la experiencia de recorrer una gran parte del país, Marichuy nos recuerda que en la guerra capitalista la muerte no sólo tiene edad y género, también tiene clase.

La iniciativa del CIG ha logrado reunir dolores que se traducen en esfuerzo por cambiar la realidad de distintos sectores. Nos convocan a las juventudes y a las mujeres, a la gente del campo y la ciudad, a todas las personas que queremos un mundo mejor, uno con justicia, libertad, democracia y dignidad.

En ese sentido, los pueblos originarios y comunidades indígenas del Valle de México tendrán hoy su primer encuentro con el CIG, en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco. La sociedad civil que se ha organizado para poner mesas de apoyo permanentes, como en la Cineteca Nacional, recibirán a la vocera indígena este domingo en la plaza de Bellas Artes, ahí donde otros hombres y mujeres llevan semanas juntando rabias. Ese mismo día, las mujeres del Congreso Nacional Indígena y del CIG se encontrarán con mujeres que luchan, porque frente a la realidad se hace necesario que todas las voces rompamos el silencio cómplice, que alcemos la voz; como también lo hacen los jóvenes de las redes universitarias que recibirán a Marichuy el 12 de febrero en la Universidad Iberoamericana, en la Pedagógica Nacional y en la Autónoma Metropolitana.

La vocera del CIG se ha convertido en la voz de muchos. Hagamos que esa voz suene tan fuerte que sirva para cambiar el rumbo de este país. Firmemos por Marichuy y démonos así la posibilidad de un futuro distinto.

*Sociólogo

**Estudiante de enfermería