San Salvador Atenco, Méx.

El titular de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos (Acnudh), Jan Jarab, afirmó que por la magnitud y coyuntura política que habrá en el país este año electoral se podría incrementar el riesgo en la labor de los defensores de las garantías individuales.

En la explanada de San Salvador Atenco, donde se reunió con representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y defensores de derechos humanos y del agua en territorio mexiquense, Jan Jarab señaló que el trabajo que desempeñan es fundamental para un estado democrático.

En este año que apenas empieza, Carlos Rodríguez, Lupita Campo Amor y Pamela Montenegro son ya tres víctimas que pagaron su valentía con su vida; otro, Agustín Silva, sigue desaparecido. Pero no solamente sus voces se han acallado, hay otros muchos tipos de ataques, amenazas, acoso judicial, despojo, daño de material de trabajo, incluso criminalización, estas represalias arrebatan a la sociedad de sus voces más críticas, son tal vez menos visibles, pero inhiben la labor y fomentan la autocensura, dijo.

Destacó que en el estado de México es donde más personas son objetos del Mecanismo de Protección de Derechos Humanos, lo cual demuestra la peligrosidad de ese territorio para su quehacer.

Abundó que la oficina que preside ha estado alerta y seguido los casos de las mujeres denunciantes de agresiones y víctimas de tortura en Atenco, las amenazas en Coyotepec y Tecámac por su lucha por el derecho al agua y en la defensa del territorio, así como del FPDT en tres municipios y la comunidad de Xochicuautla.

Sostuvo que es necesario proteger a los defensores de derechos humanos y a quienes luchan por el agua, la tierra, el medio ambiente, por el acceso a una vivienda digna, a la libertad de expresión, a la justicia, los que combaten la violencia contra las mujeres en todas sus formas, y a los familiares de las personas desaparecidas. Ese deber recae, naturalmente, en el Estado, dijo.

Jan Jabar escuchó cada uno de los problemas de las organizaciones de los pueblos del estado de México en su lucha por el agua, los sistemas comunitarios, a una vivienda digna, medio ambiente, a la educación, contra los magaproyectos, los feminici-dios y las agresiones a los defensores de derechos humanos.

América del Valle, del FPDT, destacó la urgencia de crear un protocolo integral de protección a activistas en aras de que no sean agredidos o criminalizados por el Estado, que pueda asegurar que no pongan en riesgo sus vidas al salir a luchar por la vida y la dignidad del pueblo.

José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero advirtió la intención del Estado de blindarse mediante leyes represivas como la ley Eruviel y la nueva Ley de Seguridad Interior para legitimar el despliegue del uso de la fuerza física en casos de protestas y manifestaciones populares, para herirnos o asesinarnos y, aun así, salir impunes.