Cerca de 40 por ciento de las sentencias condenatorias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México han sido por violencia de género, señalaron juristas y académicas durante el foro Acceso a la justicia: sentencias con perspectiva de género.

En el encuentro, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacadas expertas en materia de género señalaron que este tipo de violencia es estructural y sistemático, y no setrata de casos excepcionales o aislados.

Durante una sesión de poco más de cuatro horas, especialistas revisaron varias sentencias, emitidas tanto por la CIDH como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el caso conocido como el campo algodonero, el organismo internacional responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición y muerte de tres mujeres jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.

También se analizó el caso de Mariana Lima Buendía, en al cual la Suprema Corte, en un fallo histórico, determinó por unanimidad otorgar un amparo para reabrir el caso de la muerte de esta joven mujer del estado de México, quien, según sus familiares, fue asesinada por su esposo, un policía ministerial de la entidad.

También fue abordado la sentencia de apelación de Lesvy Berlín Osorio, estudiante aparecida muerta la madrugada del 3 de mayo de 2017 en el campus de Ciudad Universitaria.

Karla Irasema Quintana Osuna, actual directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) y quien fue secretaria de cuenta de la primera sala de la SCJN, por lo que conoció el caso de Mariana Lima, dijo que casi 40 por ciento de las sentencias condenatorias de la CIDH a México han sido por violencia de género. Y ahí viene el caso de las mujeres de Atenco, dijo.

En la inauguración del foro, Ana Buquet Corleto, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género señaló que hoy el país cuenta con una importante cantidad de instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de hacer realidad el acceso a la justicia para las mujeres.

Sin embargo, alertó que éste ha sido lento, y se ha enfrentado a las resistencias que producen los prejuicios y estereotipos de género, que muchas veces empañan la mirada de quienes juzgan y obstaculizan el acceso a la justicia.

Esto nos muestra, añadió, que la tarea no acaba con las transformaciones jurídicas, sino que éstas se deben expresar en la vida concreta de las personas, sobre todo de las mujeres, quienes han sido discriminadas históricamente, no reconociendo ni garantizando sus derechos.