El Poder Judicial recordó al Senado que tiene de plazo hasta el 30 de abril para aprobar la Ley de Propaganda Gubernamental, legislación secundaria pendiente desde hace casi 11 años, cuando se aprobaron modificaciones al artículo 134 constitucional, dentro de la reforma de Estado de 2007.

El pleno senatorial dio entrada a la notificación judicial sobre la resolución de la Suprema Corte que ordenó aprobar en este periodo legislativo la normatividad sobre la publicidad oficial.

De hecho hay seis iniciativas en la materia, la más reciente la presentó ayer, antes de pedir licencia por tiempo indefinido, el senador del PT Morena Miguel Barbosa. Se trata de la propuesta de ley general de propaganda gubernamental, que elimina el uso discrecional de la publicidad en medios escritos y electrónicos y crea las bases para que ninguno de los tres niveles de gobierno la use para encumbrar a medios de comunicación afines y presionar a los críticos.

La iniciativa define que los criterios para otorgar publicidad sean la cobertura geográfica, la audiencia y la programación, y prohíbe que los mensajes en medios sean utilizados para la promoción personal de funcionarios y con fines electores.

Se propone que el gasto total de propaganda oficial no podrá exceder de 0.15 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación o de las entidades, para el ejercicio fiscal correspondiente. Se prohíben las ampliaciones presupuestales o traspaso de recursos al gasto de publicidad, excepto para prevención de riesgos, protección civil u otras emergencias.

Crea el delito de uso ilícito de propaganda oficial, sancionado con prisión de dos a nueve años, multa de 200 a 400 unidades de medida e inhabilitación por nueve años al servidor público responsable de difundir mediante cualquier plataforma de comunicación social, mensajes a favor o en contra de partidos políticos, candidatos o precandidatos.