Ciudad Juárez, Chih.

Desde los pueblos indígenas observamos que la destrucción que trae el capitalismo va contra los jóvenes estudiantes, los trabajadores del campo y la ciudad. El mal gobierno y los que tienen el dinero están pensando en hacer más a costa de todos los que estamos abajo, señaló María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, candidata independiente a la Presidencia,

Acompañada por mujeres tarahumaras y jóvenes universitarios que se dieron cita en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), dijo que es tiempo de la voz de los pueblos originarios, porque a pesar de que son relegados, deben luchar para que entre unos 15 y 20 millones de indígenas sean atendidos por las autoridades.

Indicó que ya es tiempo de que los gobernantes y los políticos dejen el poder para que sea tomado por las clases que saben cuáles son las necesidades de los mexicanos. Asimismo, exigió que se respeten los derechos de las diferentes comunidades indígenas del país, que están totalmente olvidadas.

Inseguridad y feminicidios

En el edificio del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas de la UACJ, donde recabó firmas de apoyo a su candidatura, precisó que la inseguridad en México y los feminicidios servirán de pauta para que, como representante de los pueblos nativos, presente sus proyectos de gobierno.

Acompañada por comitivas de las etnias tarahumara y mazahua, dijo que vino a traer el mensaje del Congreso Nacional Indígena, y por eso recorre el país en este proceso electoral, para dar a conocer los problemas de las comunidades, ya que gobiernos y candidatos van y vienen, pero ninguno soluciona sus demandas.

Insistió en escuchar propuestas diferentes a las de los abanderados de los partidos políticos, porque la construcción de una nueva sociedad es desde abajo, para crear estructuras sólidas que permitan a los pueblos y a los trabajadores de las ciudades tener una sociedad más justa.

María de Jesús recordó que hace varios años hicieron propuestas por medio de la Comisión de Concordia y Pacificación –instancia legislativa creada el 9 de marzo de 1995 para facilitar el diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal–, las cuales no fueron respetadas por los gobiernos en turno, por lo que ahora planean hacer los cambios de otra forma.

Manifestó que las autoridades de los tres niveles deben solucionar los problemas de salud, vivienda, salarios, hambre, deportaciones y delincuencia, entre muchos otros, que afectan a las comunidades originarias y a la población en general.