La Haya.

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este jueves la apertura de investigaciones preliminares por presuntos crímenes y abusos cometidos por cuerpos de seguridad y opositores armados durante las protestas antigubernamentales en Venezuela en 2017, un paso que minimizó el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al considerar sesgada la información en que se basó el tribunal, que tiene su sede en esta ciudad holandesa.

Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, explicó que las indagatorias se abrieron “tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosos informes (de grupos opositores) documentando presuntos crímenes.

Se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a abusos y maltrato, precisó Bensouda.

Asimismo, puntualizó que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos que resultaron en lesiones o la muerte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad. El procedimiento no abre en sí una averiguación oficial, pero la CPI podría formalizarla con base en los resultados obtenidos.

En Caracas, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó ante periodistas la apertura de las indagatorias: Debo decir que su información pudiera parecer sesgada. Especificó que se han elaborado informes minuciosos sobre las imputaciones y acusaciones por estos hechos de violencia y estamos dispuestos a demostrar tales argumentos. No habrá impunidad.

Más de 120 personas fallecieron entre abril y julio de 2017 durante las manifestaciones contra Maduro, según datos oficiales. En noviembre pasado la destituida fiscal Luisa Ortega –quien celebró junto con la Organización de los Estados Americanos el anuncio de las indagatorias–, apremió a la CPI a indagar los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades.

El tribunal internacional también anunció que investigará al gobierno de Filipinas, cuyo presidente, Rodrigo Duterte, ha llamado a las fuerzas de seguridad a asesinar a presuntos narcotraficantes y delincuentes. Desde que comenzó su gobierno, en julio de 2016, han sido ultimadas entre 5 mil y 12 mil personas, según denuncias de organizaciones humanitarias.

En este contexto, el Parlamento Europeo solicitó, por medio de una votación, extender las sanciones contra el presidente Maduro, funcionarios de su gabinete y la estatal PDVSA por considerarlos responsables del agravamiento de la crisis en la nación sudamericana. También pidieron a la CPI abrir indagatorias sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

Mientras, Estados Unidos, por medio del Departamento de Estado, rechazó el llamado a elecciones presidenciales que hizo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, fijadas para el 22 de abril, por considerar que tomó una decisión unilateral.

La oposición desconoció el pasado miércoles un acuerdo preliminar que había pactado con el gobierno un día antes, en República Dominicana, para realizar la contienda presidencial.

En Caracas, decenas de personas, en su mayoría con enfermedades terminales o que necesitan trasplantes de órganos, se manifestaron para exigir a las autoridades una mejor calidad de vida y acceso a los cuidados de salud públicos, ante la escasez de medicamentos que impera en el país.