La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llevará a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros foros internacionales la Carta Universal de Deberes y Obligaciones de las Personas, que elaboraron intelectuales y académicos, para que más ciudadanos se unan a sus contenidos, informó el subsecretario para Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas.

Luego de que los promotores del documento lo presentaron ante el cuerpo diplomático acreditado en México, el funcionario de la SRE explicó que el gobierno federal buscará que la Asamblea General de la ONU lo apruebe.

La carta fue elaborada por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de otros ámbitos, así como intelectuales. Plantea que las personas no sólo tienen derechos, sino también obligaciones para lograr una mejor sociedad. La integración del documento se inició tomando como base un llamado del escritor José Saramago para que los ciudadanos exijan que sus garantías fundamentales sean respetadas, tomen la iniciativa y no esperen a que los gobiernos actúen.

En representación de Luis Videgaray, titular de la SRE, Ruiz Cabañas resaltó que el texto es una contribución humanista a la forma en que las personas deben mirarse unas a otras y viene a complementar preceptos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1948.

Ante los diplomáticos reunidos en un salón de la cancillería, el coordinador de Humanidades de la UNAM, Alberto Vital Díaz, leyó un texto del rector Enrique Graue, quien no pudo asistir al encuentro.

Para Graue, la carta de 23 artículos deja en claro que el respeto al derecho propio y ajeno es sinónimo de ejercicio de responsabilidades y compromisos en beneficio común.

Vital Díaz estuvo acompañado por Manuel Peimbert, Sealtiel Alatriste y Julio Millán, entre otros promotores del documento que plantea, por ejemplo, no discriminar y exigir que se combata ese fenómeno, que las personas y organizaciones sociales tienen el deber y la responsabilidad de no participar en prácticas de desaparición forzada, esclavitud, trata de personas, tortura, tratos inhumanos, violencia de género o trabajos forzados y deben participar en procesos democráticos.