La transparencia no transita por todos los sindicatos mexicanos, y la iniciativa de ley secundaria de la reforma laboral –en análisis en el Senado– hace más opaca aún la actuación de los gremios corporativos, pues entrega carta de naturalización al sindicalismo de protección y hace casi imposible que los trabajadores cambien de representación.

Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló lo anterior al participar en un análisis de esta iniciativa y sostuvo que la elaboración y presentación de dicho proyecto de ley fue turbio, porque no se convocó a los sectores a una previa discusión y también se ha mantenido oculto su origen. Además, dijo, no lo presentó la Secretaría del Trabajo, como corresponde, sino dos líderes obreros ligados a las añejas centrales corporativas y al priísmo.

Asimismo, el proyecto de ley secundaria distorsiona los avances alcanzados en las dos reformas laborales pasadas y presenta un cambio sustantivo, es decir, completo del modelo de relaciones laborales del país, el cual va en sentido contrario de la Constitución y de los derechos que los trabajadores han ganado desde hace 100 años.

El especialista explicó que están haciendo un monstruo legal con esta iniciativa; además, se plantea crear un organismo federal de conciliación y 32 instancias estatales para este fin. Se van a convertir en elefantes blancos, porque la conciliación también se podrá realizar en los tribunales del Poder Judicial.

En tanto, en el tema de outsourcing (subcontratación) en la reforma de 2012 se establecieron una serie de candados para regular y delimitar la tarea de estas empresas; sin embargo, en la iniciativa que está en discusión se quita cualquiera de ellos y se puede subcontratar sin limitación alguna para las compañías, lo que desaparece de facto derechos laborales en beneficio de las ganancias patronales.

Además, permite el despido sin justificación de trabajadores y establece como parámetro para el pago de indemnizaciones no el salario que reciben los empleados, sino la unidad de medida y actualización, lo que abarata la liquidación de éstos; además, no establece como tema fundamental el voto libre y secreto en los diversos procesos sindicales, todo lo cual hace reprobable dicha iniciativa, aseveró el investigador.