El pasado 1º de febrero llegó a la Cámara de Diputados la minuta de Ley General de Biodiversidad (LGB), luego de que en la última sesión del pasado periodo de sesiones en el Senado fue aprobada pese a que pone en riesgo el patrimonio natural del país y las áreas naturales protegidas y favorece a la minería.

La Coalición Ciudadana ante la LGB, integrada por seis organizaciones, entre ellas el Centro para la Diversidad Biológica, Defenders of Wildlife y Greenpeace, señaló que hay incongruencias en materia de vida silvestre, áreas naturales protegidas, participación ciudadana y acceso a recursos genéticos.

Advirtió que el documento contiene prebendas para la industria minera y empresas de bioprospección, sin que se les sujete a una perspectiva de derechos humanos, por lo que sus actividades pueden generar efectos negativos sobre la biodiversidad.

Señaló que la iniciativa es resultado de un proceso legislativo excluyente, que no involucró, mediante consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, quienes han sido y son los custodios de buena parte de la biodiversidad. El proceso fue poco transparente y al no haber consulta se perdió la oportunidad de que los senadores conocieran distintas propuestas de la ciudadanía.

Ahora la Cámara de Diputados debe evitar repetir las malas prácticas legislativas de su colegisladora en el Senado, abriendo el proceso de dictamen a una consulta ciudadana amplia, efectiva y culturalmente adecuada.

La coalición llamó a enviar la minuta, además de a la Comisión de Medio Ambiente, a las de Cambio Climático y de Asuntos Indígenas, para que en comisiones unidas se realice el dictamen, el cual debe darse en apego a los principios de parlamento abierto, que implican amplia participación ciudadana, transparencia y máxima publicidad, en un contexto de respeto a los derechos humanos de quienes pudieran verse afectados.