A pesar de que cada año se destinan cuantiosos recursos al área seguridad pública, no ha habido mejoras sustantivas en el desempeño de las policías estatales y municipales, lo que ha detenido su profesionalización e impide la eventual salida de las fuerzas armadas de las labores de patrullaje que hoy realizan en diversas regiones del país, señalaron colectivos de la sociedad civil.

Jorge Fernández, coordinador de defensa legal de la organización de derechos humanos Indignación, afirmó que durante muchos años los gobiernos han ignorado las recomendaciones tanto de especialistas como de organismos nacionales e internacionales para dar condiciones dignas de trabajo a los policías de las diversas entidades federativas.

Desde hace muchos años se ha dicho que el retiro paulatino de las fuerzas armadas de las áreas de seguridad pública debe ocurrir para dar entrada a una policía bien preparada, pero no ha habido voluntad política para iniciar esta tarea de profesionalización, indicó.

Lo anterior se vuelve todavía más preocupante si se toma en cuenta que el presupuesto de la Federación para seguridad pública se incrementa cada año, pero eso no se ha reflejado en la mejoría de los cuerpos policiacos, y los resultados siguen siendo desalentadores.

De igual manera, el activista resaltó que la reforma en materia de justicia penal se aprobó en 2008 y es lamentable que todavía sigamos hablando de profesionalización cuando es un proceso que ya debió haber terminado. Tenemos un atraso de más de 10 años en la materia.

Alba Cruz, coordinadora jurídica del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, señaló que en Oaxaca –donde trabaja dicho colectivo– la policía estatal no ha sido capacitada para elevar sus estándares de actuación, y en cambio sí es utilizada de manera frecuente para reprimir manifestaciones sociales de descontento.

Hemos tenido experiencias bastante desagradables con las policías estatal y municipales, porque tienen problemáticas de tortura, muchas veces después de realizar una detención arbitraria o incluso una legal, indicó.

El escenario, dijo, se vuelve todavía más complejo con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, pues no se sabe en qué momento se puede hacer uso de las fuerzas armadas. Es una contradicción a la Carta Magna que no beneficia a la ciudadanía, y podemos llegar hasta momentos graves si permitimos que la seguridad siga en manos de elementos que no están preparados para ello.