brumados por la situación nacional, muchos observadores optan por entender las percepciones que sobre la misma dicen tener diversas capas de la sociedad. Ciertamente, son manifiestos el enojo y el malestar respecto de los políticos y la política; nada más hay que ver lo que las encuestas divulgan un día sí y otro también. Pero, lo que no parece tener un registro tan claro es esa suerte de resignación que priva en amplios segmentos sociales ante los desfiguros de eso que algunos todavía se ufanan en llamar clase política, cuando ni a estamento llega.

Lo mismo parece ocurrir con la economía y sus correlatos con la existencia social. Muchos intuyen que un desempeño económico como el que se anuncia y hasta festeja no se corresponde con las necesidades básicas de una población grande, urbana y joven, como la que forma la mayoría demográfica del país, pero, a la vez, son muy pocos lo que se conmueven ante su mal desempeño y reclaman explicaciones.

Las implicaciones sobre el bienestar y malestar sociales de esta situación en muy pocas ocasiones se hacen explícitas; menos se arriesgan posibles lineamientos de política destinados a corregir lo cual, por otro lado, es obvio: que la gran apuesta por la apertura externa y la estrategia de crecimiento basado en las exportaciones encalló antes de llegar al puerto prometido. Y sin los suficientes salvavidas.

El crecimiento económico en los últimos treinta años apenas ha estado por encima del de la población y eso nos condena a décadas de espera para que los bienes materiales y los servicios públicos, que solemos asociar con la buena vida, se produzcan en las magnitudes mínimamente necesarias para cumplir con esa aspiración. Sin inversión y crecimiento no hay futuro, y es este horizonte el que se niegan a reconocer los que mandan.

Lo que hemos hecho, que puede ser mucho si lo contrastamos con el tamaño de la economía y su aparato productivo, no alcanza para que en 20 o 30 años podamos presumir de ser una sociedad medianamente próspera. La perspectiva, a partir de los resultados económicos y las relaciones sociales que definen el presente, no puede ser otra que la de una nación donde campea la penuria acompañada por una agresiva concentración del privilegio. El pesimismo no cae del cielo; se nutre del suelo.

En casi todo el mundo, en particular en las regiones avanzadas, se discute y estudia la nefasta influencia que sobre su estabilidad política y cohesión social tiene la rampante desigualdad, junto con los recortes que quieren ampliarse de sus sistemas de protección social. No es asunto de izquierdistas trasnochados o viejos marxistas que ven cumplirse una a una las lúgubres profecías del economista y filósofo prusiano.

Es tema que alerta a muchos, a buena parte de las élites y a los cuerpos de estudio y formulación de política de las grandes instituciones financieras internacionales. De Davos a las oficinas del Fondo Monetario Internacional se comparte y difunde esta cautela.

Decir que en una coyuntura como ésta la democracia está en peligro no es una exageración ni un intento de innovar en materia de petates del muerto. Pero querer posponer el ajuste de cuentas con una realidad deteriorada como la nuestra, con cargo a dados cargados, es punto menos que suicida y autodestructivo.

El ventarrón que puede venir de un descontento acumulado, mal diagnosticado y negado, no sólo nos va a a levantar como en el inolvidable corrido, sino puede llevar a momentos de autoritarismo y de abusos de poder confundidos como medidas salvadoras sin alternativa.

La patética celebración del olvido y la banalidad a que se han dado partidos políticos y aspirantes anuncia horizontes cargados de tormenta y se da de la mano con la pasividad resignada de la mayoría.

Por eso no hay que dejar de insistir: reconocer y registrar la realidad presente no es la invitación a un regodeo lúgubre, sino el paso obligado para poder plantearse una renovación realista y promisoria de la política. Vital como en pocas ocasiones de nuestra historia reciente.