Chihuahua, Chih.

Representantes de la comunidad indígena de Choréachi exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentar dos órdenes de aprehensión contra los asesinos del activista rarámuri Juan Ontiveros Ramos, crimen que permanece impune desde el 31 de enero de 2017.

Precisaron que los dos homicidas del defensor del territorio de la sierra Tarahumara fueron identificados, sin que las autoridades ministeriales hayan realizado un operativo para detenerlos y aseguraron que se refugian en la zona de Choréachi y el municipio de Guadalupe y Calvo, en los límites de Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitieron medidas cautelares colectivas y solicitaron a las autoridades federales y estatales garantizar la vida e integridad física de los habitantes de esta comunidad.

Había denunciado tala ilegal

Ontiveros Ramos fue secuestrado por hombres armados que irrumpieron en su domicilio el 31 de enero de 2017. Al día siguiente su cadáver fue hallado en un paraje cercano a Choréachi. Días antes, se había reunido con representantes gubernamentales para denunciar la inseguridad y el despojo territorial de grupos criminales dedicados a la tala clandestina.

El 15 de enero de 2017 también fue asesinado Isidro Baldenegro López, activista ganador del Premio Goldman de Medio Ambiente en la comunidad de Coloradas de la Virgen, después de recibir múltiples amenazas por su defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental.

Según las carpetas de investigación de ambos ecologistas, se estableció que el motivo de sus homicidios fueron rencillas familiares y diferencias entre integrantes de la comunidad indígena, sin considerar las amenazas en su contra por su lucha contra el despojo territorial y la presencia de grupos del narcotráfico en territorios indígenas.

La organización civil Alianza Sierra Madre pidió coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para el diseño de una estrategia de seguridad que permita ejecutar las órdenes de aprehensión contra los dos autores materiales del homicidio de Juan Ontiveros.

Además exigió no cerrar la investigación hasta agotar como posible móvil del crimen su defensa del medio ambiente.

Las órdenes de aprehensión no se han ejecutado a pesar de los operativos realizados por la FGE en Guadalupe y Calvo, por lo que el crimen permanece impune. La comunidad indígena exigió también que la Comisión Nacional de Seguridad cumpla con las dos minutas en las que se compromete a coordinar operativos de seguridad en la zona en conjunto con la policía estatal.