Fallas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua derivaron en la liberación de siete integrantes del grupo La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, que dirige Carlos Arturo Quintana, El 80, en la sierra de Chihuahua, identificado en un principio por las autoridades estatales como uno de los involucrados en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea.

El juez de control del fuero común Alejandro Legarda Carreón, determinó que fue ilegal la detención de los siete integrantes del grupo La Línea, a pesar de que la madrugada del 24 de enero se habían enfrentado con agentes de las policías Federal (PF) y Estatal en la comunidad Santa Catarina, municipio de Namiquipa.

Informes oficiales señalan que la madrugada del pasado 24 de enero, personal de la División de Fuerzas Rurales de la Comisión Estatal de Seguridad y elementos de la PF realizaban patrullajes de vigilancia cuando fueron atacados por un grupo de hombres armados en la comunidad Santa Catarina.

Los policías federales y estatales persiguieron a los integrantes de La Línea y una de las camionetas en que viajaban los agresores se accidentó; en el lugar falleció uno de los atacantes y siete fueron detenidos.

A las 06:40 horas del 24 de enero fueron aprehendidos José Roberto LH, César Orlando NS, Jacobo VR, Martín CG, Sergio Eugenio OA, Marco Antonio VG y Jorge Luis DA, a la altura del tramo Campo Menonita número 72 y la comunidad Unión Campesina.

Falta de pruebas e inconsistencias

Los detenidos fueron identificados como parte de la organización de Carlos Arturo Quintana, El 80, y puestos a disposición del juez Alejandro Legarda Carreón. Al cierre de la audiencia inicial, el juzgador determinó otorgarles la libertad debido a la falta de pruebas e inconsistencias en la imputación que presentó la FGE.

De acuerdo con la información obtenida, el Ministerio Público falló al acreditar ante el juez de control la legal detención de los siete presuntos sicarios, ya que si bien acreditó el decomiso de seis fusiles de alto poder, cartuchos útiles y cuatro camionetas robadas, sólo formuló la acusación por robo de autos.

El informe policiaco que presentó la FGE de Chihuahua omitió señalar que los siete detenidos habían sostenido un enfrentamiento con agentes federales y estatales, y mencionó que la aprehensión fue llevada a cabo sólo por policías estatales, como parte de un patrullaje preventivo de rutina.

Acerca de este caso, Óscar Aparicio Avendaño, director de la Policía Estatal, aseguró que la liberación de los siete detenidos fue por una mala decisión del juez y rechazó que hubiese errores en el trabajo de los agentes.

Estamos hablando de siete enemigos de la paz, con armas largas y vehículos robados, así que yo dejaría sobre la mesa si fue correcta o no la liberación. Yo respeto la decisión del juez pero no la comparto, vamos a seguir trabajando y deteniéndolos. Nosotros no estamos haciendo las cosas mal, porque estamos trabajando y logrando las detenciones, declaró al ser interrogado por reporteros acerca del caso.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) justificó la liberación de los sicarios al explicar que la decisión del juez fue apegada a derecho, conforme a los elementos de prueba que presentó la FGE, los cuales fueron rebatidos por la defensa de los detenidos sin que la representación social lograra acreditar la legal detención. El fiscal estatal, César Augusto Peniche Espejel, no dio declaraciones a reporteros.

Los siete presuntos integrantes de La Línea fueron liberados de manera inmediata.

Disputa territorial

El grupo que dirige Carlos Arturo Quintana es uno de los más violentos en la zona serrana de Chihuahua y, de acuerdo con reportes de autoridades federales, sostiene una disputa territorial con células del cártel de Sinaloa en los municipios de Namiquipa, Bachíniva y Riva Palacio.

En marzo de 2016, la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea, dio a conocer que en Namiquipa era precandidata por el PRI Silvia Mariscal Estrada, suegra de Carlos Arturo Quintana.

En la zona de influencia de El 80 se han registrado en meses recientes varios enfrentamientos entre grupos del narcotráfico. El 14 de diciembre del año pasado, un convoy de 20 camionetas que tripulaban hombres armados atacó la comandancia del municipio de Bachíniva; un agente municipal murió y dos patrullas fueron incendiadas. Supuestamente se trató de una incursión del grupo criminal Gente Nueva, vinculado al cártel de Sinaloa.

Los enfrentamientos por el control de los caminos de la región noroeste, cuyo centro es Namiquipa, que conectan la Sierra de Chihuahua con la frontera y Ciudad Juárez, continuaron hasta el 20 de diciembre, cuando se reportaron balaceras en los municipios de Namiquipa y Gómez Farías.

En esos meses se reportó el hallazgo de cinco cadáveres con impactos de bala y nueve vehículos calcinados en la carretera Soto Maynes-Gómez Farías.